Ayuntamientos de toda España crean planes contra los okupas de viviendas

Carlos Punzón
c. punzón VIGO / LA VOZ

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Marcos Míguez

La mayoría actúa tras constatar la existencia de mafias que facilitan pisos vacíos

03 may 2017 . Actualizado a las 16:37 h.

Ayuntamientos de diversas comunidades dirigidas por gobiernos de diferentes fuerzas políticas han puesto en marcha durante el último año medidas y planes contra la ocupación ilegal de viviendas al concluir de manera unánime que el asalto de propiedades está degradando las condiciones de vida en sus municipios. La corporación de Alcoy ha sido la última en sumarse este mes a una larga lista de ayuntamientos o comunidades, como la de Madrid, que han debatido y acordado en su mayoría planes contra la apropiación de viviendas. Así ha ocurrido en Valencia, Tarrasa, Castellón, Móstoles, Córdoba, Mataró, Almonte e Hinojos (Huelva), Sant Cugat, Espartinas y San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Atarfe (Granada), Miguelturras (Ciudad Real) y Recas (Toledo), y antes del 2016 en otros como Mijas, Salou o Parla.

Las actuaciones se han impulsado mayoritariamente al comprobarse que grupos organizados canalizan a ocupantes a localidades con proliferación de viviendas vacías. En Mataró la comisión municipal creada específicamente contra la ocupación de viviendas constató el cobro de 300 euros por parte de mafias a las familias a las que le facilitaba el acceso a una construcción vacía, importe que en Tarrasa incluye el enganche fraudulento a los abastecimientos básicos. En la localidad catalana, donde el Ayuntamiento se ha decidido a denunciar a los grupos que propician las ocupaciones, se aconseja ya retirar de las edificaciones sin habitar los carteles de «se vende» o «alquila». El consistorio de Valencia ha declarado en su caso la guerra a las ocupaciones en el barrio del Cabañal, mientras bonifica con el 90 % de la tasa de obras los proyectos de rehabilitación y con un 70 el IAE a los negocios que se asienten en la zona.

Alcoy ha aprobado facilitar un teléfono y un correo electrónico para denunciar ocupaciones ilegales, como también existe en Madrid, donde se registran 15 avisos al día. Almonte ha encargado a una unidad policial la vigilancia de urbanizaciones con casas vacías, lo que también se ha puesto en marcha Hinojos, así como el tapiado de construcciones paralizadas. Aznalfarache ha optado por pedir a los bancos que cedan sus viviendas para regularizar las ocupaciones, y Espartinas ha subido el IBI a las viviendas vacías para reducir su excedente.

Una alarma para evitar que entren de nuevo en la casa de A Coruña

Instalar una alarma ha sido la primera medida que ha tomado Antonio Vázquez una vez que se ha conseguido librar -previo pago de 750 euros- del último okupa de sus dos viviendas adosadas en Eirís (A Coruña). El hombre volvió a coger un autobús desde Lugo para concretar los detalles de la instalación de seguridad con los responsables de la empresa.

«Han estado sacando fotos por todas las habitaciones. También han mirado persianas y ventanas», cuenta el emigrante retornado, que asegura que todavía no ha podido dormir bien pese a haber liberado la casa de los okupas. «Esta última noche -la del miércoles al jueves- estaba algo nervioso porque pensaba que podrían volver a entrar», afirma. Antonio Vázquez está planificando ya dar uso a las viviendas que posee.

«La empresa de alarmas nos está preparando un presupuesto para las dos viviendas», señala el lucense, que tiene intención de estar de vuelta hoy en A Coruña para afrontar el asunto de la limpieza de los inmuebles: «Como yo no tengo recursos suficientes, espero poder reunirme con alguien del Ayuntamiento que me ayude a sacar toda la basura que hay allí dentro». Antonio muestra su preocupación por la higiene de las casas: «Hay que desinfectar eso ya».