Xunta y Defensor del Pueblo piden que se revisen ya las visitas de padres
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Solo al 5 % de los agresores que son condenados se les prohíbe ver a sus hijos
11 may 2017 . Actualizado a las 19:01 h.Ahora o nunca. Ese es el mensaje que la defensora del pueblo, Soledad Becerril, quiso ayer transmitir en el Senado. O se revisa en estos momentos el régimen de visitas a los hijos cuando existan denuncias por maltrato contra los padres o crímenes como el del lunes seguirán sucediendo. También en eso está de acuerdo la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella. Recordó, junto al presidente de la Xunta, que el Gobierno gallego envió en marzo al Congreso una propuesta para la «revisión legislativa en materia de custodia en caso de maltratadores o padres condenados por violencia de género». «Seremos beligerantes», advirtió López Abella.
Este debate, que no es nuevo y que vuelve a poner sobre la mesa el endurecimiento del artículo 94 del Código Civil que regula el régimen de visitas de los progenitores, llega tras la muerte del pequeño Javier a manos de un padre a tratamiento, condenado por coacciones y obligado en el 2008 y durante cinco años a permanecer a más de cien metros de distancia de su exmujer.
Sobre todo, después de conocerse por boca del abuelo materno del crío que la familia alertó en dos ocasiones a jueces diferentes de que temía que algo malo podría pasar. Pero el régimen de visitas en nada cambió. El presunto parricida, Marcos Mirás, continuó viendo a su hijo en fines de semana alternos, un mes en verano y unos días en Navidad y Semana Santa. Fuentes del Juzgado de Familia de A Coruña argumentan que en este caso no se dieron las circunstancias necesarias para privar al asesino confeso de ver a su hijo, pues desde el 2013, cuando se le levantó la prohibición de acercarse a su exmujer, no hubo más que una denuncia por amenazas, y fue sobreseída. Tampoco había constancia en el juzgado de que Marcos Mirás padeciese algún tipo de enfermedad mental. Y aunque así fuera puntualizan que solo un informe psiquiátrico contundente puede retirar el régimen de visitas.
Pese a que en la actualidad solo al 5 % de los padres maltratadores se les priva de ver a sus hijos, es cierto que la Justicia ha empezado a dar muestras de un cambio de doctrina, asumiendo cada vez con más contundencia las tesis de las asociaciones contra la violencia machista, que llevan años defendiendo que «un maltratador no es un buen padre, que los hijos son víctimas a las que hay que proteger de un entorno violento y que cada vez más maltratadores utilizan a los hijos para causar daño a sus madres», apunta la letrada María Castro.
«Ha habido reformas legislativas muy importantes recientemente», recuerda la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona. «Los niños antes estaban invisibilizados en la violencia de género. Al incluirse como víctimas directas en el artículo 1 de la ley, esto impregna el resto de la legislación y en concreto una de las consecuencias es que haya más medidas que garanticen su protección. Ahora, cuando los jueces tienen que decidir cómo proteger a una mujer es obligatorio que se cercioren de si tienen hijos o no, y en caso afirmativo que adopten de oficio medidas sobre las visitas o la custodia. Antes era necesario que se lo pidieran», recuerda.
Sin embargo, y pese al aumento de suspensiones del régimen de visitas, el año pasado solo se tomó esa decisión en el 4,8 % de los casos. Los jueces suspendieron en el 2016 las visitas a 728 padres, por 565 del año anterior; y se suspendió la patria potestad a 84 maltratadores, por 56 del 2015.
La jueza se inhibe para que sea el juzgado de violencia machista el que asuma la instrucción
La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña, Pura Caaveiro, se inhibió ayer en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer al considerar que pueden existir indicios de que el detenido matase a su hijo para hacerle daño a su exmujer. De hecho, fuentes cercanas a la familia materna constatan que en más de una ocasión el parricida le dijo que «le haría daño ahí donde más le duele».
Con Marcos Mirás todavía en el cuartel policial de Lonzas (hoy se cumplen las 72 horas de arresto), será el juez de violencia sobre la mujer de A Coruña quien asuma, por ahora, el caso. Incluso podría terminar el asunto en los juzgados de Betanzos, en cuyo partido judicial se produjo el crimen.
No se sabe si el parricida prestará declaración o se acogerá a su derecho a no hacerlo. Por el momento, en comisaría, no quiso hablar. Las únicas palabras que salieron de su boca desde que lo detuvieron el lunes a primera hora de la tarde en un hostal del paseo marítimo coruñés fue su confesión y desvelar el lugar en el que estaba el cuerpo. También dijo que se quería suicidar. A partir de entonces, ni una palabra.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, insistió ayer en la necesidad de que se denuncien los casos «que pasamos por alto porque no nos afectan directamente». Villanueva, que recordó que el caso está bajo secreto de sumario, dijo que cuando el hombre llevó a los policías al lugar donde estaba el cadáver lo que hizo fue confirmar las sospechas que tenían los investigadores cuando lo detuvieron en un hostal coruñés.
La Asociación Clara Campoamor se personará como acusación particular en el proceso. Su presidenta, Blanca Estrella Ruiz, cree que hay responsabilidad de la Administración de Justicia al mantener una situación en la que los hijos de mujeres víctimas de violencia tienen que seguir viendo a sus padres.