Álvarez de Miranda denuncia que los agujeros negros de la ley permiten que se acaben utilizando para financiar a los partidos
08 jun 2017 . Actualizado a las 07:28 h.Las fundaciones siguen siendo el gran agujero negro en la financiación de los partidos políticos, a pesar de las reformas legales aprobadas en los últimos años. Así lo puso de manifiesto ayer el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, quien reclamó durante su comparecencia en el Congreso una nueva reforma de la ley que otorgue al órgano que preside mayores poderes para fiscalizar los balances de las fundaciones ligadas a las fuerzas políticas. El objetivo sería tratar de evitar que estas se utilicen para burlar la normativa legal sobre financiación de los partidos, imponiéndoles las mismas restricciones que a estos en lo que afecta a las donaciones que pueden percibir.
Álvarez de Miranda explicó su preocupación por la utilización de las fundaciones para «la captación de recursos destinados a las formaciones políticas». Aunque la legislación actual impide a las fundaciones asumir directamente gastos que correspondan a los partidos, el hecho de que estas puedan hacer aportaciones económicas a las fuerzas políticas lleva, según señaló, a un «corte en la secuencia de control», de manera que los partidos pueden acabar recibiendo por esta vía fondos que no pueden obtener directamente.
Control de los microcréditos
Al contrario de lo que ocurre con las organizaciones políticas, el Tribunal de Cuentas no tiene control total para investigar, entre otros aspectos, la regularidad de las aportaciones económicas que reciben las fundaciones y tampoco las subvenciones públicas que perciben. El presidente del órgano fiscalizador considera también necesario que se regulen de forma «detallada» las nuevas fórmulas de financiación de algunos partidos, en especial las operaciones de endeudamiento mediante «microcréditos», utilizadas habitualmente por Podemos. Para fiscalizar correctamente ese tipo de aportaciones sería necesario poder «verificar la regularidad de esta financiación conforme a las condiciones estipuladas para su devolución».
Por último, entre las recomendaciones realizadas en la Comisión Anticorrupción, Álvarez de Miranda propuso que todas las donaciones que se hagan a los partidos políticos en período de campaña electoral tengan que dedicarse únicamente a financiar este proceso y también que se evalúe la eficiencia del envío de sobres y papeletas de propaganda electoral, que constituye una de las principales vías de gasto.
España es el país europeo que menos hace para garantizar la independencia judicial
España está a la cola de los países europeos en la adopción de medidas para asegurar la independencia de la Justicia y combatir la corrupción entre los parlamentarios. Así lo asegura el informe anual del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo del Consejo de Europa que analiza la legislación y prácticas de los países miembros para combatir la corrupción y les propone recomendaciones individualizadas para avanzar en ese objetivo. En la cuarta ronda de evaluación, que es a la que corresponde el informe anual hecho público ayer, se concluye que España ha incumplido el 75 % de las recomendaciones hechas, tanto en lo que se refiere a la independencia judicial como en relación con las actividades de los parlamentarios, y solo ha aplicado parcialmente el 25 % restante. En el primer caso, se trata del país europeo que menos recomendaciones ha cumplido, y en el segundo, uno de los que menos.
En su informe anterior, el Greco había indicado a España que adoptara medidas que garantizaran la independencia del Consejo del Poder Judicial, que considera excesivamente vinculado a decisiones políticas, así como reforzar la transparencia en la elección de los altos funcionarios judiciales, es decir los presidentes de tribunales superiores y provinciales. En este caso, se refería a la insuficiencia de criterios técnicos y preestablecidos para el nombramiento de este tipo de funcionarios. Esta laguna, según Greco, hace imposible determinar si la elección se ha realizado en estricto cumplimiento de normas objetivas y no responde a la discrecionalidad de quien hace el nombramiento. Tampoco se ha avanzado suficientemente en las reformas que garanticen la autonomía real del ministerio fiscal respecto del Gobierno. Unas fisuras que han puesto en entredicho la actuación del fiscal general del Estado, como ha quedado en evidencia con la crisis que ha llevado al Congreso a reprobar a los fiscales del Estado y Anticorrupción. Respecto a los parlamentarios, es insuficiente el control en la declaración de bienes de los diputados y senadores.
Ciudadanos propone que el Congreso designe y destituya al fiscal general del Estado
Ciudadanos quiere cortar «el cordón umbilical» que a su juicio une al Gobierno con la Fiscalía y garantizar «la independencia» de los futuros fiscales generales del Estado. El partido de Albert Rivera propuso ayer que su nombramiento y reprobación dependan del Congreso, que debería aprobar esas decisiones con una mayoría de dos tercios de la Cámara, y que el mandato sea de seis años y no de cuatro. Esta es una de las medidas que la formación liberal ha incluido en su proposición de ley para la reforma del Ministerio Fiscal, que registró ayer en el Congreso. «Ha llegado el momento de tener un fiscal general del Estado y no del gobierno de turno», defendió el líder centrista.