La Federación inicia esta semana una ronda de contactos para desarrollar la Declaración de Oviedo y recuperar la «soberanía energética». El objetivo último: una iniciativa legislativa popular
21 feb 2017 . Actualizado a las 09:15 h.La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de Gijón quiere ponerse al frente de la lucha contra la «tiranía de las eléctricas» y por la recuperación de «la soberanía energética». Y quiere hacerlo asumiendo el impulso que los pasados días 11 y 12 de febrero se dio en ese sentido, en el seno de la Confederación Asturiana de Vecinos (Cavastur), con la llamada Declaración de Oviedo aprobada en el consejo confederal vecinal celebrado en la capital asturiana junto a delegaciones de Galicia, Castilla y León, Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia, Extremadura o Canarias. Para ello, y según anuncia el presidente vecinal gijonés, entre esta semana y la siguiente la FAV mantendrá una serie de reuniones con representantes sindicales, de la Unión de Consumidores y de plataformas sociales con objeto de buscar «una respuesta unitaria» contra la pobreza energética.
«Es urgente que el movimiento vecinal se involucre en este tema. Lo que tenemos claro es que sólo una respuesta unitaria e impulsada desde el movimiento vecinal a nivel estatal junto con otros colectivos y agentes sociales es capaz de terminar con la tiranía de las eléctricas. Hay que tomar medidas de inmediato y recuperar una soberanía energética que nunca debimos perder», señala Adrián Arias.
La organización de este tipo de encuentros para recabar nuevos apoyos se recoge en el primer punto de la Declaración de Oviedo. A partir de ahí, el documento plantea «acciones de movilización y reivindicación» que se pretende que confluyan en una Iniciativa Legislativa Popular cuyo objeto es «modificar la actual ley, enfocándola hacia el control y la gestión pública del sector energético», recuperando «un riguroso control por parte del Estado». Los firmantes de la declaración recuerdan además que las Directivas Europeas establecen que «los Estados miembros podrán imponer a las eléctricas, en aras del interés económico general, obligaciones de servicio público»; y ello porque consideran que el sector energético español funciona al margen de «la situación socioeconómica del país» después de una «liberalización eergética» que «eliminó la obligación de servicio público».
Los resultados de los encuentros que se mantengan en Gijón se coordinarán con el del resto de la Confederación asturiana.