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El Gobierno de Maduro culpa de las muertes en las protestas a la oposición

Diosdado Cabello anuncia en televisión la próxima detención de Henrique Capriles


caracas / corresponsal

El Gobierno venezolano trataba de trasladar ayer a la oposición la culpa sobre las muertes ocurridas el miércoles en las gigantescas manifestaciones que exigen al presidente Nicolás Maduro la realización de elecciones. Mientras crece la alarma tanto nacional como internacional sobre lo que ya se percibe como una deriva autoritaria, el país vivió ayer nuevas protestas en cuyo transcurso fueron detenidos, según la Mesa de la Unidad Democrática, seis diputados opositores violando su inmunidad parlamentaria.

El ministro del Interior, general Néstor Reverol, que se encuentra en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. por presuntos vínculos con el narcotráfico, afirmó que fue detenido en San Cristóbal, al sur del país, el asesino de Paola Ramírez, una joven de 25 años muerta por un disparo en la cabeza en la manifestación en esa ciudad. Según la versión del ministro, quien también desmintió la muerte de Carmelina Carrillo, alcanzada por una botella lanzada desde un edificio en Caracas, Ramírez fue alcanzada por los disparos de un militante opositor, igualmente, desde un inmueble residencial. El ministro afirmó que Iván Pernía, de 27 años, el presunto homicida, «es miembro del partido opositor fascista Vente Venezuela», y que «el crimen fue premeditado».

También, en una espiral de acusaciones contra el dirigente opositor Henrique Capriles, Reverol lo acusó de estar detrás de la violencia y señaló que «en los próximos días tendrá que responder ante la justicia». Capriles había denunciado, en la víspera, al ministro por la dura represión contra las multitudinarias manifestaciones de Caracas y todo el país.

Las declaraciones del ministro no solo fueron desmentidas por personas que se encontraban en las cercanías de donde mataron a Ramírez, sino también por María Corina Machado, la presidenta de Vente Venezuela, quien señaló que el Gobierno «usa el asesinato de una venezolana, del cual es responsable, para calumniar. Así es esta dictadura criminal».

Capriles parece estar en la mira del Gobierno. El miércoles en la noche, en televisión, Diosdado Cabello, considerado número dos del chavismo, señaló que «en los próximos días Capriles irá preso, y por muchos años». Cabello es el mismo que en 2014 anunció que el sistema judicial iría tras Leopoldo López, quien hoy purga condena de 14 años, considerada universalmente injusta.

En los sondeos de opinión, López y Capriles compiten por las preferencias de cara a una eventual elección, que, según afirmó el politólogo John Magdaleno, si se realizará hoy, sería favorable a la oposición por hasta 36 puntos de diferencia.

La noche del miércoles fue tensa en todo el país, con decenas de protestas, balaceras, cierres de calles, y principalmente, saqueos de comercios, en el sur y suroeste de la capital, de los que el Gobierno acusa a la oposición, y esta, a los «colectivos», grupos paramilitares que, según vídeos aficionados, parecen contar con la aquiescencia de la Guardia Nacional. Ayer, se repitieron escenas de dura represión, en manifestaciones mucho menores que las del miércoles, y en las que fueron detenidas varias horas los diputados opositores.

En tanto, la UE llamó a los venezolanos a desescalar el conflicto y a que se investigue la muerte de manifestantes; «Solo un compromiso pacífico y constructivo puede paralizar el deterioro de la situación en Venezuela y construir perspectivas mejores para su población», advirtió.

General Motors abandona el país

La política económica del Gobierno se cobró ayer una nueva víctima: General Motors, principal ensambladora y vendedora de coches en los últimos 35 años en Venezuela, anunció el cese definitivo de sus operaciones en el país, después de que un tribunal ordenara el embargo de sus activos, en el último acto de un sistemático ahorcamiento de la empresa, que llegó a vender 160.000 autos al año y en los últimos 365 días no llegó a vender mil.

La multinacional, que generaba más de 6.000 empleos directos entre manufactura y ventas aunque fuentes de la compañía afirman que el número de trabajos indirectos puede ser hasta 20 veces mayor, consideró «totalmente ilegal» el embargo y anunció que acometerá «acciones legales dentro y fuera de Venezuela». Según señaló, se retira pese a lo cual cancelará los pasivos con sus trabajadores «hasta donde le sea posible».

Como consecuencia del rígido control de cambios que rige en Venezuela, la industria automotriz, otrora boyante con hasta siete plantas que abastecían buena parte del mercado, ha ido paralizándose, y junto con ella, industrias conexas de producción de piezas, químicos, talabartería y otros. En 2016, el Gobierno propuso a las compañías que cobraran sus coches en dólares, plan al que se acogieron Toyota y Ford, que ahora cobran a los clientes por adelantado (a precios de hasta el doble del mercado internacional) los vehículos que luego producirán. Por supuesto, como consecuencia de ello, el mercado ha caído casi a cero.

Si se concreta la demanda de General Motors, Venezuela tendría pendiente otro juicio en el en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) del Banco Mundial. En los últimos años, y por su acoso al sector privado y las confiscaciones, ha acumulado una treintena de juicios, de los que unos 25 están todavía activos. Acumula compromisos ya juzgados por 8.000 millones de euros.

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