Antonio Mexia preside la lusa EDP.
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Al gobierno de la nación no le hace ni pizca de gracia los movimientos que andan orquestando la rusa Gazprom y la argelina Sonatrach con vistas a crear un nuevo cartel del gas que atenazaría a Europa, un continente eminentemente consumidor y dependiente de las fuentes rusas y argelinas. El contrataque español está empezando a tomar cuerpo en la nueva Ley de Hidrocarburos, actualmente en debate parlamentario, pero donde el Grupo Socialista ya ha introducido enmiendas para frenar la expansión en España de este tipo de compañías. En una curiosa carambola de la globalización, esta medida podría alterar las negociaciones que mantiene actualmente Sonatrach para comprar parte de la portuguesa EDP, la eléctrica dueña de HC Energía.

La intención es frenar el poder creciente que están acumulando tanto Gazprom como Sonatrach, dos compañías públicas y detrás de cuyos movimientos están los gobiernos rusos de Vladimir Putin y argelinos de Abdelaziz Bouteflika. La compañía rusa ya ha dado buena muestra de su displicencia al amenazar con cortes de gas a varios países y su intención de crear una OPEP del gas está avanzando tras la visita al país magrebí que realizó hacer dos semanas el ministro ruso de Energía, Víktor Khristenk.

Por su parte en Argelia se encuentra el principal suministrador de gas español. El país que preside Abdelaziz Bouteflika proporcionó el pasado año el 32,2% del gas que llegó al país, una volúmen que ha estimulado a las autoridades de ambos países a aprobar el proyecto Medgaz, un gaseoducto que unirá Argelia con España y dentro de cuya infraestructura Sonatrach es un socio de referencia con las bendiciones del gobierno español.

De lo que se trata ahora es de poner trabas a los dos principales suministradores de gas a Europa empleando el argumento de que se trata de compañías públicas, y que por tanto merecen un trato diferencial cuando compiten con empresas privadas como Gas Natural.

Según la enmienda del Grupo Socialista, la Ley de Hidrocarburos habilitará al ministerio de Industria para que deniegue su autorización "para ejercer la actividad como empresa comercializadora de gas natural en los casos de que la empresa solicitante o la sociedad dominante del grupo al que aquella pertenezca tenga la nacionalidad de un país no miembro de la UE en el que no estén reconocidos derechos análogos".

Si el gobierno no va más allá en su empeño, Gazprom podría introducir su gas en España a través de EDP pues negocia la compra de un 5% de la compañía lusa, lo que no le da esa condición de "sociedad dominante" a la que alude la enmienda socialista. Pero lo que hace traslucir esta propuesta es que el gobierno español no esperará a que la UE articule una respuesta común ante el reto que supone la unión de Gazprom y Sonatrach, y se plantea tomar una iniciativa de la que esta enmienda podría ser solo el primer paso.