27/03/2004 PABLO ZARIQUIEGUI
Ocho de cada diez delicuentes asturianos tienen problemas con las drogas. Un convenio de colaboración suscrito ayer entre el Gobierno del Principado y el Consejo General del Poder Judicial tratará ahora de potenciar que los toxicómanos con causas legales puedan cumplir sus penas fuera de prisión. Así lo indicaron los firmantes del acuerdo Rafael Sariego, consejero de Salud, y Agustín Azparren, representante de la cúpula judicial.
Para tender puentes entre la instancia sanitaria, la judicial y los toxicómanos se ha puesto en marcha en Asturias el Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias (SIAD). Su responsable, Alejandro Gañán, explicó que tienen que darse tres condiciones para que los toxicómanos que infringen la ley puedan beneficiarse de las penas alternativas a la prisión siempre y cuando se comprometan a seguir tratamiento. Primero, la condena debe ser inferior a los tres años. Segundo, debe acreditarse la drogodependencia. Y tercero, no puede haber sido condenado más de tres veces por el mismo delito.
Asturias venía aplicando ya las penas alternativas a la cárcel. El propósito es que el nuevo convenio, que desarrolla el protocolo de colaboración suscrito en octubre del 2003, potencie las alternativas al ingreso en prisión en un intento de lograr la máxima reinserción social de los toxicómanos.
UN MES EN MARCHA El Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias, durante su primer mes de funcionamiento, ya ha dado resultados. El programa, que se ha implantado en los juzgados de guardia de Oviedo y Gijón, echó a andar en la capital del Principado. Cuarenta de los toxicómanos que han pasado por las dependencias judiciales de Oviedo se han beneficiado ya de las distintas posibilidades del programa. Durante estos primeros 30 días, el servicio entró en contacto con la totalidad de los detenidos en Oviedo con problemas de drogas y llevó a cabo hasta 182 gestiones judiciales.
El equipo multidisciplinar, formado por un administrativo, un psicólogo, un técnico de laboratorio y un trabajador social, ofrece asesoramiento tanto a los afectados como a las familias y a los jueces. Se incrementan así las herramientas de los magistrados asturianos para emitir un veredicto orientado más a la reeducación e inserción social que a la pena de cárcel.
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