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Martes 9 Febrero 2010

La decisión del Gobierno de revisar las sentencias judiciales del franquismo para rehabilitar el prestigio de los desagraviados por la dictadura ha calado bien en el Principado. Los responsables de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos consideran "muy positiva" una iniciativa que, en el caso concreto de Asturias, podría suponer la anulación de hasta 5.000 condenas, si bien no se puede precisar una cifra exacta teniendo en cuenta el largo tiempo transcurrido. El portavoz del colectivo, Manuel Otones, considera también necesario incluir en el proceso a las víctimas de los campos de concentración y los batallones de trabajo, cuyos casos son mucho más complejos, al no existir documentación relativa a sus penas.

La intención del Ejecutivo, refrendada ya a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, depende ahora de una comisión creada a tal efecto. Este órgano elaborará un informe del que, en último término, nacerá la ley que rehabilitará moral y jurídicamente a los afectados al considerar nulas sus sentencias. Otones alaba el esfuerzo que supone esta intención, aunque expresa ciertas dudas sobre la forma de llevarla a la práctica.

DECRETO DE 1990 "Hay que mejorar lo que hizo el PSOE en el año 90". En este punto, Otones recuerda el decreto promulgado entonces por los socialistas, que indemnizaba a los expresos, pero sólo a los mayores de 65 años y que hubiesen cumplido un mínimo de tres años en prisión. "Fue una vergüenza", asegura, porque dejó a muchos represaliados, sobre todo a los más jóvenes, sin ningún tipo de rehabilitación económica ni moral. Apenas 1.000 asturianos, evoca, se beneficiaron de aquella ley.

Un decreto posterior del Principado benefició a otro millar de víctimas del franquismo. Sin embargo, el número total de sentencias judiciales es bastante superior. Otones considera que la cifra puede estar en torno a las 5.000 condenas, aunque podría ser incluso superior. Hay que tener en cuenta, matiza, que muchos de los afectados ya han fallecido, por lo que es posible que sus casos se pierdan en el olvido ante la falta de documentación.

En este tema, Manuel Otones sabe muy bien de lo que habla. No en vano se pasó 12 años y 10 meses en las cárceles franquistas, desde El Coto, en Gijón, hasta Guadalajara, "la misma donde estuvieron Vera y Barrionuevo", pasando por Burgos, Soria, Segovia y Jaén. Por ello, tiene muy claro cómo debe actuar el Gobierno en esta cuestión concreta. "El Parlamento debe aprobar un decreto que tenga en cuenta a todos los represaliados, que documente bien la presencia de quienes estuvieron en las cárceles, y que tenga en cuenta a todos aquellos que estuvieron en campos de concentración o batallones de trabajo".

La compensación, reclama el portavoz del colectivo, debería ser doble. Una reparación económica para quienes no se beneficiaron de los anteriores decretos, y una restauración moral para el resto. "Es necesario reparar una injusticia que viene de un golpe militar contra un Gobierno elegido democráticamente", dice.

Será una tarea "muy compleja", admite Otones, que no obstante pone énfasis en destacar la importancia de la "recuperación de la memoria histórica". De momento, no existen plazos para cerrar esta tarea, aunque el Gobierno pretende que la comisión perfile este mismo año el informe sobre los afectados.

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