La Voz de Asturias Asturias

Martes 9 Febrero 2010

Las comunidades autónomas perderán una media de recursos de 544 euros por habitante si el modelo de financiación incluido en el proyecto de nuevo estatuto catalán sale adelante. Tan agorera previsión procede del antiguo gurú económico de José María Aznar, José Barea, que el viernes aprovechó su paso por el observatorio económico de la fundación Faes para dibujar los peligros que el documento elaborado por el tripartito supone para el conjunto de España. La propuesta, profetizó Barea, conllevaría una pérdida de recaudación directa para el Estado del 2,3% del PIB, y obligaría a aumentar los impuestos en todo el país como media paliativa. De toda esta situación saldrían perjudicadas, según el balance, las regiones más pobres como Asturias, Galicia, Cantabria o Castilla y León.

Barea, que dirigió la Oficina Presupuestaria del primer ejecutivo de Aznar, escenificó un panorama económico desolador para el conjunto de España si el Congreso aprueba el Estatut en sus términos actuales. En cifras absolutas, el informe prevé unas pérdidas anuales de 600 millones de euros a consecuencia "de la reducción de la solidaridad regional". De ahí a la quiebra de la Hacienda estatal, argumenta, sólo habría un paso, alegando que sería imposible mantener el actual ritmo de gasto público ante la creciente pérdida de ingresos.

CUESTION DE INGRESOS Los datos manejados por Barea tienen su origen en el estudio realizado sobre la financiación catalana del año 2003. Si a dicho modelo se aplicaran los criterios fijados en el Estatut, Cataluña ingresaría por la vía impositiva más de 18.000 millones de euros que dejaría de recaudar el Estado. En total, el 2,3% del Producto Interior Bruto. Las opiniones recogidas a este respecto en el documento resumen de las jornadas de Faes son claras. "Esta es la solidaridad prevista por el estatuto: mayores ingresos para Cataluña, región rica, a costa de las comunidades más pobres".

Pero las intuiciones del antiguo asesor del Partido Popular van más allá. En concreto, plantean la posibilidad de que el modelo financiero del tripartito se extendiese al resto de comunidades autónomas, alegando para ello los preceptos constitucionales. Tal opción supondría una pérdida de recaudación para el Estado del 11% del PIB, con un montante global de 86.000 millones de euros. A partir de ahí, profetiza Barea, al Gobierno sólo le quedaría como ingresos el 1,2% del PIB o el 9% del total de ingresos no financieros de los presupuestos. España asistiría entonces "al fin de la solidaridad interregional".

A las jornadas organizadas por la fundación encabezada por José María Aznar asistió también el economista asturiano Juan Velarde, cuya visión de la reforma catalana se asemeja bastante a la de Barea. Entre sus críticas destaca la denuncia del "hiperintervencionismo" que caracteriza al actual proyecto, que desde el punto de vista inversor dividiría España en dos mercados diferenciados. Por un lado estaría Cataluña, que sufriría una notable huida de la inversión, y por otro el resto del país.

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