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• -   Viernes 30 de Julio de 2010

La Voz de Asturias. Edición Digital

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La polémica sobre la financiación de los partidos políticos, recientemente reactivada a raíz del caso Montilla , también salpica a Asturias. El grupo cementero Tudela Veguín, propiedad de la familia Masaveu, a la que pertenece la diputada popular Alicia Castro, incumplió en el año 2002 la normativa vigente al donar 36.000 euros al Partido Popular tras beneficiarse en ejercicios anteriores de subvenciones otorgadas por el gobierno que encabezaba José María Aznar, según publicó el diario El País en su edición del pasado martes. Según esta versión, el PP recibió aportaciones económicas de empresas españolas a las que el Ejecutivo central, entonces en sus manos, concedió ayudas o a las que el partido facturó servicios electorales.

El caso desvelado por el rotativo madrileño tiene que ver con la primera de esas dos posibilidades. La corporación cementera y minera habría resultado beneficiada en dos ocasiones por subvenciones emanadas de la administración popular, que entonces estaba encabezada por el propio Aznar. La primera de ellas, que se remonta a diciembre del año 1998, ascendió a un máximo de 4,7 millones de euros y estaba condicionada al cumplimiento de una serie de objetivos. El plazo para cumplir los requisitos marcados por el organismo otorgante, en este caso concreto el Ministerio de Economía y Hacienda, se amplió más tarde hasta el 1 de enero del 2002.

En cuanto a la segunda ayuda, fechada el 9 de mayo del 2000, fue concedida a Tudela Veguín a través del Instituto Nacional del Carbón, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, por un valor de 1,05 millones de euros. Más tarde, el 3 de julio del año 2002, la empresa donó al PP 36.000 euros.

FACTURACION ELECTORAL El informe de El País también pone sobre la mesa el caso de empresas que no están relacionadas con el Principado pero que también habrían incurrido en distintas irregularidades. Es el caso de la sociedad Back RVS, que donó al PP 1.442 euros en el año 2002.

Dicha corporación figura como uno de los proveedores electorales de la formación conservadora y, de acuerdo a esta versión, habría incumplido el deber de informar a la Cámara de Cuentas de Madrid tras la realización de varios trabajos durante las elecciones autonómicas de la comunidad, allá por el 26 de octubre del 2003. En concreto, la cantidad facturada por Back RVS al PP ascendía a 15.870 euros.

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