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• -   Viernes 30 de Julio de 2010

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Oviedo - La Confederación Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) ha pedido al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Gerardo Herrero, que solicite la máxima pena recogida en el Código Penal para los agresores de los profesores "por ser un atentado contra un funcionario público".

La presidenta del Sector de Enseñanza de CSI-CSIF Asturias, Nieves de la Venta, ha dirigido un escrito al fiscal jefe para manifestarle "la honda preocupación del sindicato, así como de un amplio sector del profesorado destinado en Asturias por los acontecimientos que se están produciendo en centros educativos del Estado, del que Asturias no es ajena".

Añade que llegan "en algunos casos a declaraciones tendenciosas que pretenden predisponer contra el colectivo docente, solicitándole que en su caso actúe con la severidad y rapidez que estos casos requieren".

De la Venta afirma que "desde hace mucho tiempo el profesorado se siente indefenso y desprotegido ante hechos que se producen a su alrededor o que le tocan de lleno, viéndose obligado a suscribir un seguro de responsabilidad civil que al menos le proteja de cualquier denuncia o accidente durante su actividad profesional, a pesar de entender la administración educativa que dispone de dicha cobertura".

Igualmente expresa que la comunidad educativa, en lo que se refiere al profesorado en el Principado, ha venido soportando año tras año más de un sobresalto y algún que otro disgusto.

Nieves de la Venta afirma que "si unimos la conflictividad escolar a la sensación de inseguridad jurídica, tendremos como resultado un importante número de profesores de baja por ansiedad, estrés y depresión".

CSI-CSIF comenta que la presentación del borrador del acuerdo social para la mejora de la convivencia escolar por la Consejería de Educación pretende corregir la tendencia actual a base de planes de convivencia, protocolo de actuación inmediata, registro de hechos conflictivos, protección y asistencia jurídica al profesorado, etcétera.

Sin embargo, el sindicato considera que "estas medidas son insuficientes sin un compromiso firme de la justicia si realmente se pretende erradicar definitivamente la violencia y la conflictividad en las aulas".

Por todo ello, CSI-CSIF "insta a la atención y en su caso a la intervención de la Fiscalía para que solicite la máxima pena consignada en el Código Penal para quienes atenten contra la integridad física o moral de los profesores como funcionarios públicos que son".

Concluye señalando que "los fiscales jefes de los tribunales superiores de Cataluña, Andalucía y Murcia ya se han comprometido a ello".

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