La Voz de Asturias Asturias

Martes 9 Febrero 2010

La Guardia Civil ya tiene designados a los seis hombres --tres en la Comandancia de Oviedo y otros tres en la de Gijón-- que se encargarán de investigar y perseguir los delitos vinculados al urbanismo en la comunidad autónoma del Principado.

En las últimas semanas los agentes seleccionados han recibido formación relativa a la legislación urbanística y, según informaron desde la Comandancia de Oviedo, el próximo lunes iniciarán un curso intensivo en Madrid --sede de la Unidad Central Operativa-- junto a otros guardias que integran grupos especiales de toda España para, inmediatamente, ponerse a trabajar.

En la Comandancia de Oviedo no tienen conocimiento de cuánto tiempo durará el curso --su formación llevará varios meses y estará centrada en derecho urbanístico y en técnicas de investigación de patrimonios-- ni cuándo estará operativo el nuevo equipo, pero la idea de la Guardia Civil es que los grupos se vayan implantando de forma escalonada por todo el territorio español, por lo que los que ya están seleccionados en Asturias podrían empezar a funcionar antes de que finalice el primer trimestre de 2007.

Estos grupos especiales, en principio de tres miembros por equipo, estarán integrados en la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de cada comandancia, por lo que los agentes seleccionados tienen que tener la titulación y los cursos que se les exige para trabajar en esta unidad judicial.

MESQUIDA El proyecto de crear en el seno de la Benemérita grupos especiales contra la corrupción urbanística partió del director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida en plena vorágine de la Operación Malaya en Marbella. En principio estos grupos sólo iban a estar operativos en Madrid --sede de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil--, Málaga y Murcia, por tratarse de dos provincias con una enorme presión urbanística y con casos de corrupción urbanística de gran envergadura que en los últimos meses vienen apareciendo en los medios de comunicación. Posteriormente se decidió extender estas unidades al resto de las provincias de España de forma escalonada y en función de la presión urbanística que hay en cada territorio.

Los agentes que deberán investigar las operaciones sospechosas relacionadas con el ladrillo estarán a las órdenes de la Fiscalía Anticorrupción y actuarán bajo su mando, pero también lo podrán hacer de oficio o ante la denuncia presentada por un particular. Hay que recordar que en cada comunidad autónoma ya hay un fiscal encargado de perseguir los delitos relativos al medio ambiente y al urbanismo.

El trabajo de estos grupos anticorrupción urbanística deberá coordinarse con el que desempeña el Seprona, unidad que investiga también delitos urbanísticos, pero siempre vinculados a construcciones ilegales realizadas en espacios preservados desde el punto de vista mediambiental.

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