La Voz de Asturias Oviedo

Martes 9 Febrero 2010

El fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Gerardo Herrero Montes, ve innecesaria la intervención de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid para que se incentive la investigación sobre la demanda interpuesta por P.R.V., vecino de Pérez de la Sala 17, contra el concejal-delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, José Agustín Cuervas-Mons, y el arquitecto responsable de Planeamiento y Gestión Urbanística del consistorio, Manuel Suárez-Lledó Alemany, por su presunta autoría en sendos delitos de prevaricación y falsedad en documento público.

P.R.V. acusa al arquitecto de haber emitido unos informes favorables a las actuaciones que la empresa tenía previstas para el solar, a pesar de que éstas no se podían efectuar al disponer de la calificación urbanística de Parcial 2, contando con el consentimiento del concejal de Urbanismo, para que se ajustara "a la medida" del anteproyecto presentado por la entidad mercantil Cedur S.L. Los informes se emitieron en el año 2000; cinco años antes de que se descatalogara el edificio con la aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La reapertura

Este vecino optó por remitir toda la documentación de la causa al fiscal-jefe de la Fiscalía Anticorrupción al considerar que los órganos judiciales asturianos --tanto la Fiscalía del TSJA como el juzgado de instrucción número 1 que asumió el caso-- no habían procedido a realizar "indagación alguna para un mejor esclarecimiento de los hechos denunciados".

Su decisión respondía a la supuesta "situación de indefensión" en la que P.R.V. consideraba que le estaba situando el hecho de que la Fiscalía asturiana hubiera turnado el expediente a la fiscal Rosa María Alvarez, que archivó la causa, en vez de al fiscal de delitos urbanísticos, Joaquín de la Riva. La Audiencia Provincial ha acordado la declaración del arquitecto y el concejal, al reabrir el caso con la estimación del recurso de apelación que el vecino había presentado contra el auto de sobreseimiento.

El fiscal-jefe, Gerardo Herrero, aseguró ayer que este auto de la Audiencia Provincial, por el que se remiten los autos originales al juzgado de instrucción número 1 para que se proceda a la toma de declaración de los denunciados, implica que las actuaciones judiciales seguirán su curso, por lo que hay que dejar trabajar a los tribunales. "Si los magistrados de la Audiencia Provincial han acordado la toma de declaración, el juzgado instructor lo hará", explicó el fiscal-jefe que mostró su sorpresa por el hecho de que el vecino de Pérez de la Sala haya decidido pedir la mediación de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid ante su desconfianza por la actuación de los órganos judiciales asturianos.

Gerardo Herrero prefirió no pronunciarse sobre el fondo de esta petición de intervención de la Fiscalía Anticorrupción hasta conocer en profundidad el contenido de las actuaciones que se siguen en el juzgado instructor.

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