La Voz de Asturias Oviedo

Martes 9 Febrero 2010

El diputado, José Agustín Cuervas-Mons, en una intervención en un pleno cuando era edil de Urbanism
Foto:PABLO LORENZANA

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El diputado del Partido Popular (PP) José Agustín Cuervas-Mons tendrá que declarar, en calidad de imputado, por su presunta autoría en sendos delitos de prevaricación y/o falsedad en documento público por una controvertida actuación durante su etapa como concejal delegado del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo. El arquitecto Manuel Suárez Lledó, responsable de Planeamiento y Gestión Urbanística de la Casa Consistorial, también se encuentra imputado en la causa acusado de los mismos delitos.

El primero en declarar en el juzgado será el denunciante, P.R.V., un vecino del inmueble número 17 de la calle Pérez de la Sala, quien fue desahuciado de su vivienda para el derribo del edificio y la posterior construcción en el solar. P.R.V. tendrá que comparecer en el juzgado de instrucción número 1 de Oviedo --que ha asumido la causa-- el 27 de septiembre, en su calidad de perjudicado, para ratificarse en la denuncia. El juzgado le ha requerido para que en ese mismo acto aporte la valoración de los daños y perjuicios que reclama.

EL CONTENCIOSO El titular del juzgado, Javier Rodríguez Luengos, ha fijado el día 2 de octubre como fecha para la toma de declaración del diputado y el arquitecto. El magistrado-juez ha dictado una providencia en la que indica que ambos imputados deberán acudir a la sede judicial "con asistencia letrada".

P.R.V. denunció al entonces edil y al arquitecto municipal en el juzgado de guardia de Oviedo el 21 de agosto de 2006. Su contencioso con el ayuntamiento empezó a raíz de que el arquitecto emitiera varios informes favorables en el expediente de derribo del edificio en el que residía promovido ante la Delegación del Gobierno.

P.R.V. mantiene que el anteproyecto de la nueva edificación presentado por la constructora Cedur --que adquirió el solar-- "no estaba visado por el Colegio de Arquitectos" y a pesar de ello, el arquitecto le dio el visto bueno para que se ajustara supuestamente "a la medida de la constructora" para poder edificar en las condiciones que ésta requería, aunque para ello se hacía preciso cambiar su calificación. El inmueble número 17 de Pérez de la Sala estaba calificado en el año 2000 como Parcial 2, por lo que el anteproyecto de Cedur "no se ajustaba", según el denunciante, al no contemplar la rehabilitación del edificio, única posibilidad existente conforme a esa calificación.

Inicialmente la ficha urbanística contemplaba la conservación del edificio y, sin embargo, según hacía constar P.R.V., una vez aprobado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se podía derribar y construir "justamente lo que había presentado el constructor en el anteproyecto cinco años antes", cuando en aquella fecha se desconocía la posterior revisión que sufriría la norma urbanística.

Su denuncia se archivó hasta tres veces. La Audiencia Provincial dio un giro al caso cuando, el pasado 15 de febrero, estimó un recurso del denunciante y acordó en un auto que se oyera en declaración como imputados a los denunciados; trámite que se hará en octubre.

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