29/07/2007 PILAR CAMPO

PR.V. no se limitó a denunciar en el juzgado la actuación presuntamente irregular del exconcejal de Urbanismo y actual diputado del Partido Popular (PP), José Agustín Cuervas-Mons, y del arquitecto municipal Manuel Suárez Lledó, a los que imputa su presunta autoría en sendos delitos de prevaricación. El vecino del inmueble número 17 de la calle Pérez de la Sala también presentó una queja del juez instructor, el magistrado-juez Javier Rodríguez Luengos, el 29 de junio pasado, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --máximo órgano de decisión de los jueces-- por "dilaciones indebidas del procedimiento". Dos semanas después de que se cursara la queja, el juez le ha ofrecido una explicación.
ARGUMENTOS El magistrado-juez asegura en una providencia --fechada el pasado día 13-- que los cinco meses que transcurrieron desde que la Audiencia Provincial acordó que se fijara la fecha para la toma de declaración de los imputados hasta que se realizó esta diligencia en la "carga competencial" que tenía el juzgado.
A esa circunstancia se unían también otra "serie de incidencias imprevisibles y ajenas" a su voluntad, entre las que cita la situación de baja por enfermedad de un funcionario del juzgado.
El magistrado-juez expone que estas razones han sido decisivas para que el caso no se tramitara con la diligencia requerida, pero señala que esto no será óbice para que se investigue la denuncia, tal y como el denunciante reclama. "Esas incidencias nos han impedido una tramitación como la deseada por todos, pero ello no será obstáculo --asevera el juez instructor-- dadas las características de los hechos investigados para su total esclarecimiento".
P.R.V. explicaba en la queja que fue cursada contra el magistrado-juez a través de la Sala de lo Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que no sólo no se había dado cumplimiento al auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial para que se señalara el día y la hora de la comparecencia de los imputados sino que tampoco se procedía a "providenciar los escritos" que presentaba ante el juzgado para que se realizara esa diligencia.
Nada menos que hasta en tres ocasiones diferentes, el denunciante se dirigió al juzgado para exigir el cumplimiento del auto de la Audiencia Provincial. Los días 2 y 10 de mayo y el 4 de junio, su representante legal presentó escritos instando a su práctica. P.R.V. argumentaba que había esperado "un plazo prudencial de tiempo" antes de remitir esa petición a la espera de que el juez instructor acordara una fecha. P.R.V. se mostraba receloso de que su denuncia fuera esclarecida a tenor de la falta de avances y llegó incluso a decir que se le colocaba en una situación de "limbo procesal".
La condición de aforado que concurre en el diputado es otro de los frentes que se abren, si bien el denunciante considera que no debería ser inconveniente para que el caso siga adelante, dado que la denuncia se puso con anterioridad por hechos relativos a su etapa como edil.
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