La Voz de Asturias Oviedo

Martes 9 Febrero 2010

El denunciante ante el cartel que anuncia en el solar la nueva edificación.
Foto:PABLO LORENZANA

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P.R.V. está dispuesto "a llegar hasta el final". Un año después de que interpusiera una denuncia contra el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, José Agustín Cuervas-Mons, actual diputado del Partido Popular (PP), y el arquitecto responsable de Planeamiento y Gestión Urbanística del consistorio, Manuel Suárez-Lledó, asegura que la providencia del juzgado de instrucción 1 por la que se fija la fecha del 2 de octubre para su toma de declaración en calidad de imputados por un delito de prevaricación le ha devuelto la confianza en la justicia. "Espero que al menos haya una investigación y una resolución justa", explica.

"He tenido que recurrir a las instancias superiores --Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado y Consejo General del Poder Judicial-- porque en Asturias tenía mis dudas de que se estuviera investigando mi denuncia", expone P.R.V., vecino del inmueble 17 de la calle Pérez de la Sala que confía en que, a partir de ahora, la causa se agilice. "Cuanto menos causa extrañeza que haya tenido que pasar un año y dos meses para que se admitiera la imputación", corrobora.

P. R.V. llevaba 38 años residiendo en la vivienda, que primero ocuparon sus padres y a la que él se subrogó en la renta, cuando le comunicaron por carta que tenía que abandonar el piso porque el edificio iba a ser derribado para que una constructora edificara en el solar. En ese momento, empezó a abrir su primer frente judicial para tratar de evitar el desahucio.

"En el año 2000 la empresa Cedur solicitó la autorización de derribo, pero Delegación del Gobierno no lo autorizó. Entonces se solicitó información en el ayuntamiento y, con la misma documentación, la entonces delegada Mercedes Fernández, dio el visto bueno. Paradójicamente se reunía todos los jueves en el jurado de expropiación", relata.

La empresa quería construir "un tercio más de las viviendas que había en ese momento", dice para tratar de encontrar una justificación al hecho de que "se quisiera derribar un edificio, sin que hubiera problema alguno de habitabilidad". Una situación que compara "al caso que viven ahora los vecinos de El Villar".

En la carta que le remitieron se especificaba que se autorizaba el expediente de derribo, pero en todos los informes, según su versión, se omitió un detalle importante. "Todos los informes que emitieron obviaban que el edificio estaba catalogado como protegido y no se descatalogó hasta cinco años después cuando se ajustaba a la medida de la constructora", señala P.R.V.

Desde un principio, este vecino tenía claro que "no iban a atropellar mis derechos" como inquilino. Sin embargo, reconoce que era consciente que el hecho de que la denuncia fuera dirigida hacia un concejal de Urbanismo y un arquitecto iba a ser un hándicap añadido. "Lo he podido comprobar desde un primer momento cuando solicité que dieran traslado del caso al fiscal recién designado para los temas de Urbanismo, Joaquín de la Riva, y sin embargo lo asumió otra fiscal. No se realizaron las pruebas que había solicitado ...y así un montón de cosas".

P.R.V. no oculta el recelo que le suscitó la dilación del juzgado de instrucción en fijar la fecha y la hora para la toma de declaración del diputado y el arquitecto. "Presenté varios escritos para que se diera cumplimiento al auto de la Audiencia Provincial que estimaba un recurso para que se oyera en declaración a los dos. El auto de la Audiencia estaba fechado el 15 de febrero --especifica-- y hasta este mes de julio el juzgado no dictó la providencia para decir que se les oyera en octubre. Para mí es incomprensible que se haya tardado cinco meses en poner una fecha".

Esa circunstancia llevó al vecino a presentar una queja del juez instructor ante el CGPJ por presunta "dilación en el procedimiento". El magistrado-juez, Javier Rodríguez Luengos, justificó en una providencia este retraso en la "carga competencial" del juzgado y en otra serie de incidencias "imprevisibles y ajenas" a su voluntad entre las que citó la situación de baja por enfermedad de un funcionario.

"Sigo pensando que hay leyes, pero tengo mis dudas sobre el funcionamiento de la justicia", asevera este vecino que tiene la sensación de que el caso empezó a experimentar los primeros avances cuando denunció su situación de "presunta indefensión" ante los órganos judiciales superiores. "Al menos es un paso importante que se les cite a declarar como imputados para que se investigue los hechos que denuncio, porque hasta ahora no había ningún tipo de indagación y hasta se tardaba en providenciar mis escritos", dice P.R.V., para quien la condición de aforado del ahora diputado no condiciona el procedimiento. "Lo importante es que declare, sea ante el órgano que sea, porque se refiere a hechos ocurridos durante su etapa de edil".

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