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Martes 9 Febrero 2010

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investiga la actuación del titular del juzgado de instrucción número 1 de Oviedo, el magistrado-juez Javier Rodríguez Luengos, ante la queja que ha formulado contra él P.R.V., vecino del inmueble número 17 de la calle Pérez de la Sala.

El denunciante achaca al magistrado-juez la presunta "dilación en el procedimiento" que sigue su juzgado contra el ahora diputado del Partido Popular (PP) José Agustín Cuervas-Mons por su presunta autoría en un delito de prevaricación cuando desempeñaba el cargo de concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo.

El magistrado-juez tardó cinco meses en dar cumplimiento a un auto dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que estimaba un recurso del denunciante, por el que se acordaba que el juzgado fijara la fecha y hora para la toma de declaración en calidad de imputado del exedil ovetense. Por los mismos hechos está también imputado el arquitecto responsable de Planeamiento y Gestión Urbanística, Manuel Suárez-Lledó. El auto estaba fechado en febrero y el juzgado instructor realizó esta diligencia a mediados de este mismo mes. Ambos imputados tendrán que declarar el 2 de octubre "con asistencia letrada".

EVALUACION En estos cinco meses de espera, el denunciante presentó hasta tres escritos en el juzgado instando a la práctica de la diligencia. El magistrado-juez Javier Rodríguez Luengos ha justificado este retraso en la carga competencial que tenía el juzgado y en otra serie de incidencias, como la baja por enfermedad de un funcionario, que impidieron imprimir una mayor agilidad a este trámite. No obstante, el magistrado-juez ha advertido que esta circunstancia no impedirá el total esclarecimiento de los hechos denunciados.

La Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de decisión de los jueces, dio traslado de su escrito de queja por supuestas anomalías en el funcionamiento del juzgado al Servicio de Inspección para valorar si de los hechos denunciados se derivaba alguna responsabilidad disciplinaria del magistrado-juez. La Inspección ha acordado elevar el caso a la Comisión Disciplinaria para su evaluación y estudio.

Fuentes judiciales confirmaron ayer que el proceso que se sigue en estos casos es el siguiente. En primer lugar, el CGPJ abre diligencias informativas y, previa petición de un informe al juez o magistrado denunciado, incorpora las aclaraciones que aporte con las alegaciones que estime convenientes.

Si se aprecia la existencia de indicios de la posible comisión de una falta se abre un expediente disciplinario y se nombra a un juez instructor del mismo que emite un informe. El CGPJ decide si es o no falta y en este último caso la entidad de la misma. Si se considera que la falta es leve se sanciona con una advertencia; si es grave con una multa de hasta 3.000 euros, como ocurrió recientemente en el caso del juez de Murcia. Las faltas muy graves pueden llevar acarreada la suspensión de funciones de forma temporal o incluso pueden llegar hasta la suspensión de la carrera judicial.

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