04/01/2008 MARÍA DÍAZ

El alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, tan solo respaldó con su voto tres de los presupuestos municipales presentados por su propio equipo de gobierno en los últimos diez años y aprobados en solitario por el PP. En el resto, o no acudió al pleno o se ausentó del mismo en el momento de la votación de esas cuentas en las que no se tenía en cuenta una consignación presupuestaria para hacer frente al pago de la expropiación de Villa Magdalena, lo que "incumplía" los propios acuerdos de una comisión de gobierno del 27 de noviembre de 1998 y la decisión del Jurado Provincial de Expropiación que había realizado la tasación de la finca. Así lo denunció ayer el concejal del grupo municipal de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (Asciz), Roberto Sánchez Ramos, quien destacó la maniobra del alcalde para eludir responsabilidades.
Según el concejal, estas ausencias de Gabino de Lorenzo comienzan con los presupuestos de 1999, aprobados el 21 de diciembre de 1998, justo cuando acababa de conocerse el justiprecio marcado por los tribunales para Villa Magdalena en unos 2.100 millones de pesetas --11,2 millones de euros--. Ramos explicó que la Ley de Expropiación Forzosa es "clara" y obliga a consignar "en el plazo de dos años máximo el pago". Sin embargo, no hacerlo abrió la posibilidad de una nueva solicitud de retasación, tal como el propietario de la finca realizó y que ahora sitúa en 63 millones de euros.
Sánchez Ramos recordó que, desde 1999 y hasta este último presupuesto de 1998, "los concejales de la oposición recordábamos la necesidad de consignar la partida de Villa Magdalena en los presupuestos". Sin embargo, añadió, "hubo una actuación omisiva" del equipo de gobierno "y el alcalde desde diciembre de 1998 no va al pleno que aprueba el presupuesto o se ausenta en la votación". El edil señaló que según las actas de los plenos De Lorenzo solo estuvo en la aprobación de los presupuestos de 2004, 2005 y 2007.
El concejal de Asciz aseguró que todo ello conlleva que durante estos años se ha incurrido en una "negligencia" que puede desembocar en responsabilidades civiles y penales por la corporación. Pero, advirtió que la ley contempla que "son responsables de los acuerdos de las corporaciones locales los miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente".
Sánchez Ramos especificó que el pago de toda cantidad que pase de los 2.000 millones de las antiguas pesetas (11 millones de euros) es "una negligencia que acarrea una actuación dolosa para las arcas públicas y que está penado por la ley". En este caso, "puede extenderse al patrimonio privado de todos los concejales que votaron favorablemente", es decir, los ediles del grupo municipal popular de las diferentes legislaturas excepto el alcalde.
A todo ello, el concejal se preguntó el motivo por el que "nunca el equipo de gobierno llegó a ejecutar sus propios acuerdos de la comisión de gobierno de noviembre de 1998", cuando además, puntualizó, "hay informes jurídicos que sí lo aconsejaban". Desde su punto de vista, todo ello puede ser atribuible a "un supuesto caso de endiosamiento o desprecio a los ovetenses".
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