28/03/2008 PILAR CAMPO

La gestión urbanística en el municipio está vaciando por completo las arcas municipales e hipotecando las futuras inversiones del ayuntamiento. Al revés judicial que ha supuesto la sentencia del Tribunal Supremo (TS) por la expropiación de Villa Magdalena, por la que el consistorio tendrá que pagar antes del 30 de abril los intereses de demora y el justiprecio, cifrados en más de 12 millones de euros, se suma ahora otro varapalo judicial por la expropiación de la unidad de gestión 3 de Rodríguez Cabezas, en el barrio de Pumarín, que paradójicamente fue aprobada el mismo día que se acordó la consignación del justiprecio por la expropiación del palacete, hace una década.
El ayuntamiento acordó el 27 de noviembre de 1998 --en la misma Junta de Gobierno que debatió el caso de Villa Magdalena, pero fuera del orden del día-- la expropiación de más de 7.900 metros cuadrados de terreno en la calle Rodríguez Cabezas en un espacio que había dejado libre el antiguo ferrocarril para zonas verdes y viales. Cinturón Verde construyó un aparcamiento subterráneo de 1.202 plazas y los promotores edificaron un centenar de viviendas libres, que se pusieron a la venta sin ningún tipo de protección.
GESTION "RUINOSA" El concejal de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (Asciz), Roberto Sánchez Ramos, desveló ayer que el ayuntamiento tiene ocho sentencias en contra dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que condenan al abono de más de cuatro millones de euros, sin contar los intereses de demora, porque el consistorio no pagó los terrenos de la expropiación por la unidad de gestión 3 de Rodríguez Cabezas y ni siquiera consignó, ni depositó el justiprecio que en el año 2000 determinó el Jurado de Expropiación Forzosa. Roberto Sánchez advirtió que la gestión "ruinosa" que se está realizando desde el área de Urbanismo ha provocado una situación que calificó de "insólita".
De las 8 sentencias, seis se han recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. Las otras dos no han podido ser recurridas al ser por una cuantía inferior a 150.000 euros, por lo que los servicios jurídicos municipales han advertido que estas dos resoluciones judiciales tendrán que ser abonadas de forma inminente.
Las sentencias condenatorias imponen el pago a los propietarios de indemnizaciones que van de 1.154,73 euros por metro cuadrado a 451,25 euros.
El edil solicitará al interventor general la elaboración de un informe que incorpore las cuantías a las que deberá hacer frente el ayuntamiento. Según sus cálculos, la expropiación sobrepasará los cuatro millones de euros. "Estábamos ante una deuda oculta. Vamos a pagar en exceso por unas zonas verdes y accesos mientras los constructores se forran. Está claro quién se roe el hueso: los ciudadanos y quién se come el jamón: los promotores", ratifica.
Roberto Sánchez asegura que el ayuntamiento no tiene capacidad para soportar más actuaciones de este calado. "Pagar ahora ese dinero con lo que tenemos encima de Villa Magdalena es insoportable para las economías municipales", reconoce el edil del grupo mixto.
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