17/05/2008 JAVIER CUEVAS

Un nuevo reparto de competencias entre las consejerías de Educación y Administraciones públicas ha desata el malestar de los sindicatos, que reclaman para la primera plenos poderes en lo que respecta al personal docente.
La modificación, publicada ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa) anula la realizada en agosto del año pasado y otorga a la Consejería de Educación competencias en la elaboración de listas y bolsas de interinos y de profesores especialistas, en las relaciones con los sindicatos y en la coordinación de la red de centros, entre otros asuntos.
El texto de la resolución publicada el año pasado incluía 21 apartados, mientras el de ayer reduce la capacidad de la administración educativa en el Principado a solo 9. Qué competencias se quedan fuera? Entre las que más han molestado a las organizaciones sindicales figura la elaboración de informes y propuestas en materia de personal docente, la jubilación y extinción de contratos, la convocatoria y resolución de ayudas sociales, la gestión de las nóminas y, sobre todo, la negociación sectorial.
La negativa a convocar la mesa sectorial de Educación es para CSI-CSIF, "una piedrecilla más" que dificulta el objetivo principal. "Lo que queremos es que Educación recupere el papel que tenía", declaró el presidente del sector de Enseñanza del sindicato, Gerardo Doménech, que cargó contra un texto que "no es nada concreto". En CCOO son aún más pesimistas. Su secretario general de Enseñanza, Luis García, cree la idea de una mesa sectorial de Educación está cada vez más lejana porque ya no tiene capacidad para negociar en ella. Entiende que la propia Consejería de Educación "deja de tener sentido" tras las modificaciones que, según aventura, podrían llevarse a cabo para preparar el relevo al frente de la misma.
Jesús de la Roza, representante de Suatea, criticó la decisión, que "reduce al 50% el número de competencias de la consejería". A su juicio, la modificación podría facilitar la convergencia con la Unión Europea en lo que respecta a la disminución de los puestos de trabajo en la escuela pública. "Es una vuelta de tuerca más al desmantelamiento que empezaron el 2 de agosto", manifestó. Por otra parte, recordó que el cambio en la distribución de competencias tiene lugar después de que Izquierda Unida y el Partido Popular aprobaran el pasado noviembre una iniciativa parlamentaria en la que se instaba al consejero, José Luis Iglesias Riopedre, a cumplir con su promesa y convocar la mesa sectorial.
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