14/09/2008 E. G. BANDERA

La alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, mantenía ayer su confianza en que habrá financiación complementaria para las obras de ampliación de El Musel porque el expediente de solicitud tramitado en su momento ante la Unión Europea (UE) "está perfectamente bien instruido". Además, indicó que la obra ya está certificada en más del 50% y que los niveles de ejecución alcanzan el 70%. "Los niveles son tan altos que es imposible dejarla sin terminar, está completamente lanzada, es necesaria y confiamos en que haya esos fondos europeos", dijo.
La resolución del procedimiento por infracción de la normativa comunitaria abierto a raíz de la denuncia presentada por Los Verdes podría llegar antes de finales de año, según los plazos que se marca la UE en estos casos, ya que establece un periodo aproximado de 12 meses desde el momento en el que se presenta la queja. La resolución podría ser una sanción o el archivo del asunto. "Para que haya una sanción tiene que haber un procedimiento irregular", indicó la alcaldesa, que recordó que existe un informe favorable de la Abogacía del Estado y que insistió en que todo se ha tramitado conforme a derecho.
FALLO DEL EXPEDIENTE En su opinión, las declaraciones con las que el eurodiputado Salvador Garriga apuntaba a una posible sanción que incluso implicase la retirada de los fondos de cohesión que ya recibió la obra de El Musel en el 2004 --una subvención de 247,5 millones de euros-- no tienen razón de ser y sólo buscan poner al puerto gijonés en el punto de mira "en sentido negativo". Al igual que, según dijo, pretende la portavoz del grupo municipal del PP, Pilar Fernández Pardo, "que tiene poco interés en que la obra de El Musel se termine". Además, indicó que Garriga también se opone al proyecto de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), puesto que organizó "una reunión para ahuyentar" a posibles participantes.
También recalcó que existen precedentes en otras obras que han recibido fondos complementarios para otras inversiones. "Hay que esperar a que se resuelva", reiteró, aegurando que "si fuera tan extraordinario hubiera sido revisado por el Estado español y ya se habría rechazado". En cualquier caso, el fallo del expediente abierto será determinante en la consecución o no de los 135 millones de euros solicitados para hacer frente a los 216,31 millones de sobrecoste que acumulará la obra a su término. Fuentes del Ministerio de Economía explicaron, en este sentido, que en dicha resolución podría decidirse si se anula el total de la ayuda solicitada, una parte o si se concede en su totalidad.
Asimismo, indicaron que no les consta que existan precedentes de que la UE de marcha atrás, tras interponerse una denuncia, a proyectos incluidos en programas operativos del Fondo de Cohesión.
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