18/03/2009 E. G. BANDERA
La junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón remitía ayer a la Fiscalía de Gijón un dossier de las informaciones publicadas sobre el presunto pelotazo urbanístico que supuso la compra-venta de una finca de Cabueñes por el exarquitecto municipal Ovidio Blanco, así como la hoja de servicios de este funcionario en excedencia y las certificaciones de las fechas de aprobación de la adaptación del Plan General de Ordenación urbana (PGOU) de Gijón. Con ello, y a propuesta del concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, el equipo de gobierno que encabeza Paz Fernández Felgueroso --que se puso en contacto personalmente con la fiscal-jefe de Gijón-- quiere disipar cualquier duda que exista sobre los procedimientos que, en materia urbanística, se llevan a cabo en el ayuntamiento para desligarlos de la "operación mercantil" con la que Blanco obtuvo una plusvalía de unos 600.000 euros al vender en enero del 2006 por 615.977 euros una finca por la que, en 1992, había pagado 7.512 euros.
"No nos gusta que una persona que trabajó en esta casa haya hecho una operación de este estilo. Es una cuestión que nos afecta, aunque nos sea ajena, pero no podemos compartir que un funcionario haya realizado determinadas operaciones mercantiles, aunque sea fuera del espacio municipal", aseguraba ayer el concejal de Promoción Económica, José María Pérez, que insistió en varias ocasiones en dejar claro que la aprobación del actual planeamiento urbanístico de la ciudad, el plan parcial de Cabueñes incluido, "se ajustó a la Ley del Suelo del Principado y a la normativa vigente", rechazando por lo tanto que exista irregularidad alguna en su procedimiento. Añadió, además, que en modo alguno el plan de Cabueñes obedece al criterio de un técnico municipal, "sino que es una propuesta del equipo de gobierno", encaminada como el resto de las actuaciones incluidas en el PGOU, a desarrollar un crecimiento compacto y coherente de la ciudad.
"NO NOS AGRADA" Pérez, que no obvió que la compra-venta de una finca recalificada en el PGOU por parte del que fuera jefe del Servicio Técnico de Urbanismo del ayuntamiento salpica a la institución local, reiteró que, desde un punto de vista ético, "no compartimos ni nos agradan" este tipo de operaciones. Fue muy claro, además, al asegurar que el equipo de gobierno no considera que sea un caso de uso de información privilegiada, puesto que como indicaba anteayer Sanjurjo mientras Blanco fue jefe de Urbanismo no hizo ningún uso indebido de su condición para obtener un lucro personal.
Y, de hecho, la propia cronología elaborada por los vecinos de Cabueñes que se oponen al plan que afecta a la parroquia lo demuestra: Blanco compró la parcela en 1992, la vendió en 1998 --en ambos casos la calificación del suelo no varió en absoluto--, la volvió a comprar en julio del 2004 y la revendió de nuevo en enero del 2006. Blanco pasó a ser funcionario en excedencia en enero del 2004 y, en diciembre del 2003, salió a información pública la adaptación del PGOU, que se aprobó inicialmente en febrero del 2004 y de forma definitiva en diciembre del 2005. Es decir, que la segunda operación la realizó cuando los gijoneses ya conocían --se inauguró incluso una exposición en el Centro de Cultura Antiguo Instituto en febrero del 2004-- los pormenores del PGOU.
VENTA POR CUESTION PERSONAL Blanco compró la finca en julio y la revendió en el 2006. Por qué? Pérez explicó que el equipo de gobierno supo de estas operaciones el pasado viernes, 13 de marzo, a través de un escrito que la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes entregó al concejal Jesús Montes Estrada. Y, de inmediato, se contactó con Blanco para "que nos lo explicara y que lo hiciera también públicamente". La respuesta del arquitecto fue que había comprado la finca en 1992 y que, por una cuestión personal, la había vuelto a vender, pero que en el 2004 la había vuelto a adquirir. "No hay más cuestión. Por qué lo hizo? Es un tema suyo que tendrá que explicar él", dijo Pérez, que insistió en que la segunda compra-venta se llevó a cabo cuando ya no era trabajador del ayuntamiento.
Asimismo, explicó que los funcionarios que renuncian a su cargo o solicitan una excendencia, según la Ley de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, durante un periodo de dos años no pueden trabajar en asuntos relacionados con su actividad anterior. Blanco, que dejó el ayuntamiento en enero del 2004, es uno de los arquitectos que suscribe el documento técnico del plan parcial de Cabueñes en junio del 2007, tras ser contratado por la junta de compensación. Existen irregularidades en la actuación de Blanco? "Los funcionarios tienen obligación de actuar con imparcialidad", indicó Pérez, que expuso que este tipo de operaciones mercantiles con una propiedad no son ilegales, "aunque no nos gustan y no entendemos que se puedan produicir. Van en dirección contraria a lo que una administración debe seguir". La junta de gobierno, en conclusión, ha dejado el asunto en manos de la Fiscalía, entendiendo que en el procedimiento municipal no existe ningún incumplimiento y reprobando la ética de una actuación llevada a cabo por el exarquitecto municipal cuando estaba en situación de excedencia.
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