21/03/2009 E. FERNANDEZ

La plataforma ciudadana contra el Muro de Cabueñes se siente maltratada por el equipo de gobierno al que acusa de desoír la participación ciudadana. El presidente y la portavoz del colectivo, Francisco Díaz-Cadórniga y Cristina Montero, respectivamente, volvieron a denunciar ayer a este periódico que ya en la reunión que mantuvieron el pasado 30 de octubre con los concejales Pedro Sanjurjo, Faustino García y Jesús Montes les alertaron de la implicación del exarquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón, Ovidio Blanco, en el desarrollo de esta operación mostrándoles entonces sus dudas al respecto.
"Le pregunté cómo era posible que el exarquitecto jefe municipal fuera el que presentara el plan. Cómo no había cautelas para que estas personas sensibles y con información privilegiada no tuvieran una moratoria antes de irse al sector privado", expresó Cadórniga. El presidente vecinal recordó que Sanjurjo, a estas acusaciones, respondió dando "un puñetazo en la mesa" y diciendo que "no toleraba esas imputaciones y que ponía la mano en el fuego por todos los funcionarios de Urbanismo que estaban y por los que ya no trabajan allí. Luego, nos echó. Hay 12 testigos que lo corroboran. Montes, en cambio, nos dijo que lo de Blanco no era ético ni estético pero que era legal y que no tenían instrumentos para evitarlo. En ese momento, ante esa sombra de duda deberían haberse puesto a investigar".
Los vecinos continuaron con las investigaciones --centradas en obtener los historiales registrales de las fincas en el registro de la Propiedad, los planos de actuación sobre la zona y "otro tipo de documentación complementaria", según confesaron-- hasta que el pasado miércoles obtuvieron las pruebas necesarias para denunciar el supuesto "pelotazo urbanístico" cometido por Blanco en la compra-venta de una parte de la finca La Llosona , por la que el exfuncionario obtuvo 600.000 euros de beneficio. En ese momento, redactaron un escrito-denuncia alertando de lo sucedido a la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, y, aunque, según manifiestan, intentaron entrevistarse en tres ocasiones con la primera edil para comunicarle personalmente sus sospechas, tuvieron que recurrir a Jesús Montes el pasado viernes para que le entregara el documento.
"Ahí informábamos con todos los datos, cantidades y cronología del caso Blanco, de las compras así como de la supuesta especulación de Cajastur y de las irregularidades detectadas en el proceso como son los porcentajes de los promotores que pensamos que no llegan al 50%, de la venta a 10 euros del plano de actuación en diciembre del 2003 antes de que éste saliera a información pública en 2004 o de la falta de los informes medioambientales", explicaron los portavoces. Otra de las incongruencias que criticaron es "por qué en el 2003 se presentaba un plan más modesto de 340 viviendas de dos alturas y años después se aprueba otro para crear más de 650 viviendas en seis alturas".
Los vecinos quieren que el gobierno local paralice el plan y que se parta de cero elaborando otra actuación más acorde con la tipología de la parroquia. Ante la negativa del equipo de Gobierno, mantienen la tesis de que la administración local les ignora desde su constitución. La plataforma cumple un año el 10 de abril, y pide al PSOE que depure responsabilidades. Los vecinos quieren que se den explicaciones sobre el caso Blanco, entre otros, el propio Ovidio Blanco y responsables de Cajastur.
"El caso Blanco es gravísimo y cuestiona a todo el área de Urbanismo del ayuntamiento por lo que pedimos una auditoría urgente --que Felgueroso no considera necesaria--. Cuando Blanco dejó el consistorio lo tenía todo preparado", insistieron.
Aunque habrá que esperar hasta la asamblea vecinal del jueves, a las 20 horas, para ver si la plataforma se persona como parte perjudicada en el caso, Cristina Moreno adelantó que "si no es así quizá me presente a título personal, y como yo hay más". El colectivo ultima la recopilación de toda la documentación del caso para presentarla próximamente en la Fiscalía. En esa asamblea, además, se propondrá interponer una querella penal por el caso. Los vecinos animaron a otras parroquias, como Castiello, a investigar sus propios planes urbanísticos.
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