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El abogado Marco A. Iglesias.
Foto:JOSE VALLINA

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• El transporte exigirá por vía judicial la devolución del céntimo sanitario28/04/2009

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) confirma la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 que condenaba a la empresa Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) a indemnizar a un extrabajadora al reconocerle "acoso laboral" en el comportamiento de su jefe de Recursos Humanos. La sentencia del TSJA no sólo avala esta decisión sino que además eleva la cuantía inicial y le condena a abonar a la denunciante 70.688 euros. La sentencia autoriza la extinción de la relación laboral entre la empleada acosada y la entidad pública, y reconoce el derecho de la víctima a percibir una compensación por daños morales, según informó el laboralista que ha defendido a esta trabajadora, Marco Antonio Iglesias, de Integra Consultores.

El fallo del TSJA se produce después de que ambas partes (la extrabajadora --C.M.G.--por un lado y por otro Vipasa y el responsable de Recursos Humanos sobre el que el tribunal reconoce "que fue el autor material del hostigamiento sufrido por la demandante y por lo que le condena, solidariamente con la empresa, al pago de una indemnización" decidieran recurrir el fallo de lo Social. La demandante porque entiende que debe recibir 90.000 euros por los daños y perjuicios al ser "víctima de acoso moral en el trabajo" y la empresa porque pedía la nulidad del juicio oral y la sentencia recurrida y, junto al superior de la extrabajadora --B.A.R.--, defendía la "inexistencia del acoso laboral".

Sin embargo, finalmente el TSJA entiende que el caso "es una muestra de acoso moral" ya que contiene "datos inequívocos de su existencia". Entiende que "la pasiva actitud de Vipasa y la activa del superior jerárquico codemandado tenían aptitud para originar, y originaron efectivamente, el entorno hostil, humillante y ofensivo en el que la demandante prestó sus servicios hasta la baja laboral", El tribunal considera que "atentaron contra la dignidad de la afectada y sus derechos a prestar servicios en una condiciones y en un ambiente donde fuera respetada".

Además según los hechos probados en la sentencia de lo Social, cuatro empleados de esta empresa, que cuenta con 30 trabajadores, se encuentran de baja por trastorno ansioso--depresivo y una quinta empleada, que solicitó una excedencia, estuvo de baja con el mismo diagnóstico el año pasado. La sentencia también apunta que 15 trabajadores firmaron un documento remitido al director de la Vivienda del Principado en el que se quejaban de "la no valoración adecuada de su trabajo, porque no existía conocimiento de cada una de las funciones; de que no se tenían en cuenta las opiniones de los trabajadores sobre la problemática de su puesto, del menosprecio del trabajo, de la falta de comunicación fluida o de las formas inapropiadas que la acompañaban". El escrito fue remitido junto con un cuestionario de riesgos psicosociales, realizado por los delegados sindicales, en el que "hacían ver el perjuicio para la salud de los trabajadores que reflejaba el estudio".

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