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Martes 9 Febrero 2010
18/06/2009 NIDIA FERNANDEZ

Los más de 14.000 funcionarios que cobran el anticipo de la carrera profesional no tendrán que devolver el dinero percibido en estos dos años, pero ese complemento desaparecerá de sus nóminas a partir del mes de julio. La consejera de Administraciones Públicas Ana Rosa Migoya anunció ayer que el Gobierno no recurrirá la sentencia del TSJA que tumbó el pago a cuenta de la carrera profesional por falta de respaldo jurídico.
Migoya admitió la "debilidad jurídica" del acuerdo que el Ejecutivo suscribió en su día con CCOO y UGT, pero censuró la actitud mantenida por los sindicatos denunciantes (CSI, CSI-CSIF, SUATEA y USO). "Resulta paradójico que con una sentencia que ganan los sindicatos salgan perdiendo los trabajadores", lamentó. La portavoz del Gobierno explicó que no acudirán al Supremo porque un varapalo en el Alto Tribunal "podría forzar la devolución del dinero".
El Gobierno no valora la opción de convertir esa prima en un complemento de productividad. "Es algo prematuro", indicó Migoya, quien remarcó que el Ejecutivo actuó de "buena fe y se mostró sensible para dar un paso adelante y extender la carrera a todos los trabajadores".
El fallo judicial sobre el pago a cuenta de la carrera afecta a unos 14.000 trabajadores (8.000 docentes y 6.000 de la administración general). La suspensión de este complemento supondrá que el Principado deje de abonar 21 millones de euros anales, que van desde los 56 euros mensuales a los trabajadores del grupo E a los 208 a los grupo A.
UN MARCO LEGAL Los esfuerzos del Gobierno regional se concentrarán de ahora en adelante en agilizar el marco normativo que el TSJA echó en falta en el acuerdo suscrito con los sindicatos mayoritarios. Esto es impulsar la Ley de Función Pública, Migoya avanzó que ya están en condiciones de enviarla a la Junta General, "pero eso soluciona una parte del problema, la más pequeña de hecho", apuntó la consejera.
Esa norma autonómica daría cobertura a la carrera de los funcionarios de la administración general, pero no a los docentes, el colectivo más numeroso. El Ministerio de Educación ha de sacar adelante el Estatuto básico del Docente para regular la carrera. "El consejero de Educación ya pidió al MInistro que se agilizara todo lo posible, pero hemos de esperar porque ambas normas han de correr paralelas para que no haya disensiones" remarcó.
Una vez aprobada la carrera los funcionarios volverán a percibir esas cantidades, pero no podrán reclamar el cobro de las mismas con carácter retroactivo. La consejera aclaró que el fallo no recoge una nulidad de pleno derecho, sino una anulabilidad, un matiz que técnicamente es importante para las consecuencias finales.
Migoya instó a algunas organizaciones sindicales a "no intentar confundir diciendo que lo que ellos pedían al juez era que todo el mundo cobrara, porque lo que pidieron realmente fue que se anulara la resolución y eso supone que el pago a cuenta no se puede realizar. La situación es paradójica, pero es así", declaró.
La cronología de la carrera profesional se remonta a diciembre del 2006 cuando el Gobierno firmó con CCOO y UGT el citado acuerdo, desde mayo de 2007 existía una resolución para pagar el anticipo.
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