21/06/2009 J.S.R.

Los trabajadores que no cobraron la carrera profesional porque no estaban de acuerdo en cómo lo articulaba el Gobierno regional al no regularse sobre una base legal sino como un pago a cuenta exigirán esos emolumentos que no han percibido en estos dos últimos años. Consideran que la sentencia del TSJA que anula el modelo retributivo del funcionariado pone el contador a cero y hace posible que el Gobierno del Principado corrija lo que venía siendo una situación de discriminación para las 5.000 personas que no firmaron, la práctica totalidad del sector de la enseñanza, y ahora reclamarán unos 18 millones de euros.
"O cobramos todos o no cobra nadie", señaló Jesús de la Roza, del sindicato de profesores Suatea, una de las centrales que junto a CSIF, CSI y USO interpusieron el recurso contra la carrera profesional. De la Roza criticó que cuando tanto la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, como los sindicatos CCOO y UGT hablan de solucionar el problema de los funcionarios que dejarán de percibir esas cantidades en las próximas nóminas, "no hablan de las cinco mil personas que, como no firmamos, no se nos dio ese dinero haciendo el mismo trabajo; qué es que se les regaló ese dinero?".
Gerardo Doménech, presidente del sector de enseñanza de CSIF añadió que la Administración "deberá de buscar fórmulas" que permitan tanto que los que firmaron no dejen de cobrar, como los que no se acogieron a la carrera perciban lo que no cobraron en todo este tiempo. Doménech considera que también pueden reclamar los que según el Principado incumplían los requisitos para acogerse a la carrera profesional porque no tenían los cinco años de antigüedad o eran personal laboral.
Siguiendo esta línea argumental el representante de CCOO-Enseñanza, José Angel Piquero considera que en la ESO cada profesor deberá de ingresar unos 6.250 y cada maestro unos 4.000 por estos dos años y medio en que estuvo en vigor el pago a cuenta de la carrera profesional. Piquero defiende una subida lineal para todos los trabajadores, ya que, apunta, en enseñanza se siguen cobrando unos salarios por debajo de la media del resto de las comunidades autónomas.
Tras la sentencia del TSJA el Gobierno ya anunció que dejará de pagar la carrera a partir de julio a 14.000 funcionarios, de los 19.000 que suman administraciones públicas y la enseñanza, que hasta ahora ha supuesto un desembolso de 52,5 millones de euros (21 millones al año) desde el 1 de enero de 2007.
CCOO-Enseñanza, CSIF y Suatea tienen convocada para el próximo martes una asamblea en el IES Alfonso II de Oviedo donde se analizará la situación tras la anulación del complemento.
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