25/10/2009 P. LAMADRID

Un "cuadro de corrupción". Así definió ayer el presidente de la plataforma ciudadana SOS Cabueñes, Francisco Díaz Cadórniga, las actuaciones realizadas en el ámbito municipal relacionadas con el plan parcial de la parroquia. Los vecinos que ya destaparon el escándalo del exarquitecto jefe de Gijón, Ovidio Blanco, aportaron nuevos datos sobre el caso y extendieron las responsabilidades a la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso; el que fuera concejal de Urbanismo durante la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Jesús Morales, y el actual edil responsable de esta materia, Pedro Sanjurjo. Por esta razón, han vuelto a solicitar al juez que llame a los políticos a declarar.
Díaz Cadórniga y el asesor técnico de la plataforma, Ignacio Martínez, desglosaron una serie de hechos que, según indicaron, demuestra que el consistorio orquestó de forma ilegal el futuro desarrollo urbanístico de Cabueñes. Hipótesis que surgieron a raíz de la declaración ante el juez del arquitecto redactor del PGOU, Luis Felipe Alonso Teixidor, el pasado 2 de octubre. En su testimonio, indicó que las cuestiones referidas a la zona rural las trataba con Felgueroso, Morales y Sanjurjo. La primera circunstancia sospechosa para la plataforma es la vinculación de unas fincas municipales con La Llosona, la parcela que adquirió la empresa Hoyant y de la que se segregó La Llosina, que compró Ovidio Blanco.
SUELO CLAVE Los portavoces de SOS Cabueñes afirmaron que el ayuntamiento compró a la Tesorería General de la Seguridad Social, en julio de 1991, la heredad denominada de Xicu Piñera, formada por dos grandes fincas. Cinco meses después, Hoyant --empresa creada el año anterior por Antonio Cueto y Horacio Costales--, adquirió la finca contigua al sur, de la cual, tres meses más tarde, se segregó un terreno que compró Blanco y que, supuestamente, luego habría sido objeto de varias operaciones de especulación urbanística. Estas tres fincas son terrenos claves, ya que aglutinan el 49,15% del suelo comprendido en el plan parcial de Universidad-Cabueñes.
Una actuación "que se pretende justificar como el cierre de la ciudad al este, afirmación tan grandilocuente e incomprensible como falsa y especulativa", señalaron los vecinos. Otro de los argumentos expuestos para denunciar la trama corrupta fue, precisamente, la ilegalidad de la segregación realizada por Ovidio Blanco. En el momento de la compraventa --marzo de 1992--, la operación no se ajustaba a la normativa sobre el suelo. El actual consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, ocupaba entonces el cargo de jefe del servicio administrativo de Urbanismo en el ayuntamiento gijonés y la plataforma desconoce si informó sobre la compraventa, "pero Morales la legaliza con su firma 12 días después de cambiar la ley del Suelo, es decir, en julio de 1992.
Por este motivo, piden que el juez llame a declarar a Morales. La plataforma también consideró sospechoso que Blanco comenzará a trabajar en Sogepsa, sociedad mixta que preside Buendía, el 2 de enero del 2004, sólo dos días después de abandonar el ayuntamiento tras pedir una excedencia. Asimismo, el trámite de información pública del PGOU fue otro de los aspectos denunciados por la plataforma, ya que, en su opinión, el desarrollo del plan "se falseó" de facto al suprimir la información pública previa.
PLAN PACTADO Con documentos en la mano, los vecinos sostuvieron que ese trámite abierto a los ciudadanos no tuvo validez alguna, puesto que el expediente de la aprobación inicial --el paso siguiente-- estaba en el ayuntamiento desde el 10 de diciembre del 2003, como aparece en la documentación, tras haber sido pactado por Teixidor con Felgueroso, Morales y Sanjurjo --en esa época era edil de Hacienda, por lo que la plataforma no entiende por qué decidía sobre urbanismo--. De hecho, el período de información pública terminó el 19 de enero del 2004 y el día 26 Teixidor entregó al consistorio el informe. La plataforma cuestionó si en ese plazo, con un fin de semana por medio, pudo analizar las 370 sugerencias recibidas.
Además, los portavoces de SOS Cabueñes denunciaron el papel "ilegítimo" que adoptó el ayuntamiento como promotor. Según ellos, las empresas Lomas Barajas, Reyal Urbis y Promosa contaban con el consistorio como promotor para realizar su proyecto, "lo cual es ilegal". Fue el propio Blanco quien presentó la propuesta. Además, los vecinos también acusaron a Cajastur de actuar ilegítimamente como promotor a través de la sociedad Beyos y Ponga "porque no puede estar en el mercado inmobiliario según sus estatutos". Por último, la plataforma criticó la exclusión del arquitecto que se oponía al plan, Ramón Fernández-Rañada.
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