La Voz de Asturias España

Martes 9 Febrero 2010

Los agentes embarcan en un avión de la Fuerza Aérea Española, ayer.
Foto:EFE / MORELL

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Las negociaciones para liberar el atunero Alakrana se han encarrilado en los últimos días. Los piratas han aceptado que los dos corsarios detenidos en España puedan ser juzgados en la Audiencia Nacional y cumplan condena en Kenia, según fuentes próximas al embajador español en ese país, Nicolás Martín-Cinto, uno de los principales intercesores en la crisis. Los representantes de los piratas han logrado a cambio elevar el monto del rescate.

Esas mismas fuentes explican que estos avances se deben al relevo del primer representante de los piratas. El negociador actual ha centrado la presión en elevar el dinero del botín siempre que "el Gobierno español se comprometa a acelerar todo lo posible el proceso legal" seguido en la Audiencia Nacional y los dos corsarios puedan cumplir la pena en Kenia. Ese proceso, según fuentes jurídicas, duraría "alrededor de un mes y medio".

Los dos corsarios podrían ser encarcelados en una prisión de ese país gracias a un acuerdo que mantiene con España en el marco de la operación Atalanta, lanzada por la UE para frenar la piratería en el océano Indico.

El silencio que las familias están manteniendo desde que el martes se reunieron con el presidente Zapatero responde al encauzamiento de las negociaciones, explican fuentes próximas a Martín-Cinto, que calculan que la liberación del barco puede llegar "antes de dos semanas".

La gestión de la liberación del Alakrana causada por el secuestro monopolizó ayer la rueda de prensa que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dio tras el Consejo de Ministros. De la Vega, jefa de la célula de crisis, insistió en que el Gobierno se ha limitado "a cumplir la ley" y asumió "toda la responsabilidad" de las decisiones tomadas hasta ahora. La vicepresidenta se refería a las críticas recibidas por el traslado de los piratas a España y las consecuencias que ha tenido para la resolución del secuestro.

De la Vega aseguró que "en ningún momento se planteó" enviarlos a Kenia, porque la norma prioritaria es que sean trasladados al país que realiza la detención. No obstante, el mandato de la operación Atalanta señala que si el Estado que arresta "no puede o no desea" ejercer su jurisdicción puede llevarlos a un tercer país (en este caso, Kenia). Fuentes de la Moncloa rechazan que se abra ese debate. " Cambiaría algo que estuvieran en Kenia? Allí también tendrían que ser juzgados", afirman esas fuentes, informa Pilar Santos.

CON LA ´IKURRIÑA´ A la complejidad jurídica y la difícil situación de los 36 marineros retenidos desde el 2 de octubre, se sumó ayer una singular petición del abogado del corsario Abdu Willy. El letrado ha cuestionado la competencia de la Audiencia Nacional con el argumento de que en el momento de la captura el barco llevaba una ikurriña. El juez Santiago Pedraz ha solicitado al Ministerio de Defensa que le informe de bajo qué pabellón navegaba el atunero.

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