La Voz de Asturias  | 

Dado el estado de impotencia del periodismo, me parecería ofensivo que me llamaran periodista”. Esta perla lleva la firma de Julian Assange, un australiano de 39 años que desde 2006 edita el portal de Internet WikiLeaks (sitio de filtraciones), y que el pasado mes de octubre ha vuelto a adquirir notoriedad internacional por publicar numerosos documentos sobre la guerra de Irak que revelarían torturas, abusos, violaciones y asesinatos perpetrados por aliados de las fuerzas internacionales que invadieron ese país, conocidos por el Pentágono pero no revelados a la opinión pública en un intento por ocultar la verdad de lo ocurrido.

Se ha convertido en azote de gobiernos --sobre todo del norteamericano-- capaz de poner en jaque a poderosas instituciones. La repercusión internacional que alcanzan las filtraciones publicadas en su portal, unidas a los premios que recibe desde hace dos años de importantes medios de comunicación y organizaciones, le están convirtiendo, peligrosamente, en un referente del periodismo. ¿Es de verdad su actividad equiparable a la de un periodista y la del portal, semejante a la de un medio de comunicación? No lo es por dos motivos.

En primer lugar, esta plataforma es simplemente un soporte para la publicación de documentos secretos. No hay más, por muy llamativos que puedan ser los temas a los que se refiere o por el impacto extraordinario que puedan tener los contenidos difundidos. No hay, pues, ningún tratamiento periodístico de la información, ninguna interpretación de lo que ocurre y ninguna valoración de los temas. Son datos que aportan información, sí; pero no es periodismo.

En segundo lugar, tanto al propio Julian Assange como al resto de miembros que gestionan el portal parece importarles poco un concepto unido, indisolublemente, al periodismo: la responsabilidad. Tres ejemplos. En octubre de 2009, WikiLeaks publica una lista con los datos completos de personas afiliadas al racista Partido Nacional Británico. Si el partido es legal, si concurre a las elecciones, ¿qué persigue entonces la publicación, violando el derecho a la intimidad? ¿Es un asunto de interés general en el que la prensa deba contribuir a la formación de la opinión pública? Un mes después, da a conocer una relación de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto (sms) enviados desde y hasta las Torres Gemelas el día de los atentados. Aunque el contenido pueda resultar muy morboso, periodísticamente es irrelevante. La publicación de muchos de esos mensajes suponen de nuevo una flagrante violación del derecho a la intimidad. Se ha hecho sin la autorización de las personas implicadas, no aportan nada y, en algunos casos, sólo sirven para remover el dolor de los familiares de las víctimas.

El tercer ejemplo se refiere a la difusión de los nombres de informantes afganos que colaboraron con las tropas internacionales en el conflicto de ese país, y que ahora, en consecuencia, están en el punto de mira de los talibanes. En este caso no existe sólo una intromisión ilegítima en la intimidad de las personas referidas sino que se ha puesto en serio riesgo la integridad física de las mismas.

El ejercicio responsable de la profesión periodística habría obligado a valorar la conveniencia de la publicación de los mensajes de las Torres Gemelas, la relevancia en los nombres de los seguidores racistas y la oportunidad en el caso de los informadores.

Teniendo en cuenta el contenido de algunos de los temas que configuran la agenda de esta plataforma convendría plantearse la siguiente pregunta: ¿debe prevalecer el derecho a la información o la seguridad del Estado y/o la intimidad de las personas? WikiLeaks lo tiene claro: que se cuente todo caiga quien caiga o pese a quien pese. Eso es lo fácil porque, muy al contrario de suponer una demostración de coraje o de independencia --lección que parecen querer dar al mundo-- exime al periodista de cualquier cuestionamiento ético.

El periodista debe ponderar cuándo contar las cosas y, lo más importante, cómo contarlas. Y si no lo hace, podrá ser cualquier cosa pero no periodista. Es fundamental sopesar el interés público pero también las repercusiones que puede tener en la sociedad la divulgación de determinados contenidos. ¿Tiene sentido que, por revelar las injusticias cometidas por un gobierno, se ponga en riesgo la seguridad del Estado o de la nación? ¿Es posible denunciar las tropelías sin hacer peligrar gravemente la estabilidad del país o la vida de las personas? ¿Qué debe imperar? Son cuestiones que parecen preocupar muy poco a quien no tiene reparo alguno en criticar la “falta de integridad” de los periodistas.