La Voz de Asturias  | 

La Fiscalía Anticorrupción dio ayer un viraje en la estrategia que ha seguido durante los últimos años en relación al caso Gürtel. Después de cuatro días de reflexión y a falta de una jornada laboral para que expirara el plazo, este organismo anunció ayer que no recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del caso de los trajes por la que un jurado popular declaró inocentes a Francisco Camps, expresident valenciano, y Ricardo Costa, exsecretario general del PP autonómico.

Pese a la negativa de la Fiscalía, el Supremo sí tendrá ocasión de revisar el veredicto de Camps y Costa. Será gracias al recurso que presentará la próxima semana la Acusación Popular, ejercida por el PSOE. La decisión de declarar no culpables al expresident y su exnúmero dos en el PP fue tomada por la mínima: cinco ciudadanos eligieron esta opción frente a otros cuatro que creyeron en la culpabilidad. La decisión de la Fiscalía fue interpretada ayer por los partidos de izquierda como una evidencia de que el nuevo gobierno del PP ha presionado al recientemente nombrado fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para que no presente el recurso. Por su parte, fuentes oficiales de Anticorrupción mostraron su desacuerdo con estas opiniones: “La Fiscalía no recibió ninguna indicación política para iniciar la investigación hace más de dos años y tampoco la ha recibido ahora”.

Anticorrupción reconoció ayer que “no comparte el contenido de la sentencia” pero presentó argumentos de tipo formal para fundamentar su negativa a presentar un recurso. Los fiscales “no han encontrado base jurídica suficiente” para seguir adelante con la acusación. La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, sin embargo, sí ofrece un amplio abanico de opciones a las que tse pueden acoger para recurrir. Según fuentes jurídicas, entre estas alternativas hay varias a las que la Fiscalía podría referirse para pedir al Alto Tribunal que enmiende el veredicto del jurado popular.

La ley establece, por ejemplo, que una sentencia podrá ser recurrida cuando “se ha incurrido en quebrantamiento de las normas y garantías procesales”. El Ministerio Público podría basar su recurso en que no hay coherencia entre el veredicto de culpabilidad y las pruebas exhibidas durante el juicio.

Los cinco ciudadanos que apostaron por la absolución afirmaron que la trama Gürtel no había pagado ningún traje a Camps y a Costa, y que por tanto estos no cometieron el delito de cohecho. Para fundamentar esta conclusión, el jurado partió de varias premisas. La principal fue que los acusados mantenían una “relación comercial” con los empresarios presuntamente corruptos. Sin embargo, las grabaciones que se escucharon en el juicio contenían afirmaciones como “te quiero un huevo” y “amiguito del alma”, que Camps dirigió al principal dirigente de la red en Valencia, Álvaro Pérez. El jurado consideró, además, que Camps no pudo cometer cohecho porque él no tenía competencias directas sobre los contratos que se adjudicaron a la red según declaraciones de exaltos cargos que intervinieron en las adjudicaciones de la Generalitat Valenciana que negaron haber recibido presiones para contratar a las empresas acusadas.

La decisión de la Fiscalía causó indignación entre los partidos valencianos de izquierda y satisfacción en el PP. “(Mariano) Rajoy y (Alberto Ruiz) Gallardón han dado órdenes para que a su gente nadie la pueda tocar”, afirmó Mónica Oltra, dirigente de Compromís, en referencia al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia. Jorge Alarte, líder del PSOE valenciano, pidió a Torres-Dulce una explicación por el “cambio de criterio” después de que la Fiscalía lleve varios años “actuando de forma activa en la lucha contra la corrupción en el caso Gürtel”. “Si no, a uno solo le queda pensar que será por el cambio de gobierno, y ahí dejo el interrogante”, apuntó.

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