Original propuesta la que me atrevo a esbozar hoy. Puede que resulte extraña, pero es importante para madurar la conciencia de ciudadanía.
Lo que no puebla la cabeza de uno es como si no existiera realmente para él, por más que repercuta seriamente en su propia vida. Tal ocurre con el dinero público que hace unas semanas califiqué de sagrado. Descerebrados han habido que, para usarlo sin cortapisa, han dicho que no es de nadie, como si su manejo caprichoso no tuviera barreras. Sin embargo, se trata de un dinero arrancado del bolsillo de los ciudadanos, cuyo único destino es el servicio de todos. En cierta ocasión, un inspector de Hacienda me dijo atinadamente que la víscera que más duele a los españoles es la cartera.
Cuando acaba de emprenderse un nuevo rumbo nacional, ardua tarea para el partido al que los ciudadanos han confiado tan importante misión, me parece asunto de no poca relevancia conocer el balance de cada cuenta particular con el Estado. Que un ciudadano sepa qué aporta a la Hacienda pública y qué recibe del Estado le ayudará a encarrilar una relación siempre tormentosa y, en última instancia, a comprender qué significa ser miembro de una comunidad necesaria para el cultivo de su propia personalidad.
No es difícil cuadrar ese balance. Por un lado, la Hacienda pública controla al céntimo las aportaciones tributarias directas a través del número del carné de identidad. Por otro, cabe cuantificar fácilmente las indirectas mediante módulos estimativos de consumo. Se completa así el haber de cada cual. En la columna del debe bastaría anotar, por un lado, el montante de los haberes pasivos y el costo de la asistencia sanitaria recibida del Estado, y, por otro, el prorrateo de los servicios generales del Estado y demás entidades públicas. Se sabría así qué paga cada ciudadano al Estado y qué recibe de él.
Hablo de un balance sin función fiscalizadora alguna, pero sumamente útil para fijar posiciones. Muchos ciudadanos descubrirían con asombro que su saldo es negativo, razón por la que se mostrarían agradecidos; no pocos, que se consideran explotados, se sorprenderían de saber que andan a la par; finalmente, los titulares de saldos a su favor, los que aportan al Estado más de lo que reciben, hincharían su debe con el orgullo correspondiente. Este esclarecedor balance cambiaría radicalmente la postura de los ciudadanos con relación a la Hacienda pública: los titulares de saldos deficitarios, además de no defraudar ellos mismos con triquiñuelas, trampas y corruptelas, vigilarían que otros lo hicieran, pues del dinero recaudado depende en parte el desarrollo de su propia vida; los de saldos equilibrados dejarían de sentirse sangrados a impuestos y, finalmente, los contribuyentes netos se honrarían por su papel protagonista en la marcha general de la sociedad. Se entendería entonces que Hacienda somos todos.
El tema merece atención y precisión. En el haber de tan práctico balance se contabilizarían los impuestos con que la Hacienda pública nos fríe: los directos, que aparecen en la declaración de la renta y en cualquier otro documento de transacción oficial, y los indirectos, calculados globalmente por estimación del consumo medio familiar, habida cuenta de las peculiares circunstancias de cada familia. Los primeros serían exactos y los segundos, aproximados.
En el debe se contabilizarían, por un lado, las prestaciones y el costo de los servicios individualizados que se reciben del Estado: las pensiones, los subsidios, las incapacidades, las becas, las dependencias, la sanidad y la enseñanza, y por otro, la parte proporcional del costo de los servicios generales de la Administración: viales, esparcimiento, centros sociales y un largo etcétera. Sanidad y educación son los capítulos más determinantes. En el apartado de sanidad se reflejaría el costo de médicos, ambulatorios y hospitales, las intervenciones quirúrgicas y la contribución de la Seguridad Social a los medicamentos. En el de la enseñanza no sería difícil cuantificar lo que Estado se gasta en la educación de cada ciudadano: jardín de infancia, colegio, Universidad, cursos diversos y educación permanente de adultos.
La importancia de las pensiones merece precisión. En el apartado correspondiente del balance individual figuraría, en el haber, la cuantía total de las cotizaciones y, en el debe, el importe de las pensiones y de las incapacidades laborales transitorias o permanentes. Si bien el sistema de la SS semeja un seguro que cubre riesgos, entendiendo la cotización como póliza y la incapacidad laboral y la pensión como siniestros, su desarrollo responde a parámetros de solidaridad generacional que va mucho más allá de un simple seguro. Por otro lado, el que cotiza no capitaliza un fondo para percibirlo poco a poco durante su jubilación. De hecho, de morir antes de jubilarse, pierde lo cotizado; pero si, como suele ocurrir, vive muchos años de jubilado, recibirá como pensión varias veces sus aportaciones.
Al proponer este balance trato solo de esbozar una iniciativa de fuerte repercusión en la vida social. Los criterios expuestos, referidos a las cantidades que deben aparecer tanto en el debe como en el haber, son simples sugerencias o apuntes, susceptibles de ser corregidos o modificados. Lo importante sería que cada ciudadano conociera en todo momento su situación contable en su relación con el Estado. Ello nos ayudaría a ser mucho más conscientes de nuestra condición de ciudadanos y lograría, seguro, que pagáramos con gusto los impuestos. Quien más, quien menos, teniendo su orgullo, trataría de no aparecer en ese balance como un menesteroso incapaz de subsistir por sí mismo, y procuraría aumentar, incluso de forma voluntaria, su contribución al Estado, fuera para equilibrar su balance, fuera para realzar su rol social. El orgullo ciudadano residiría entonces no en defraudar a la Hacienda pública, tal como hoy presumen de hacer los listillos, sino en contribuir, cuando menos, con lo que exigen las leyes tributarias. Si el ciudadano percibe claramente que la Hacienda pública está bien gestionada y se comporta como la entidad más solidaria imaginable, ya que de ella dependen no solo la marcha general del Estado sino también el socorro de los pobres, puede que incluso llegue a ingresar en sus arcas dinero de forma voluntaria, tal como hace con otras muchas entidades humanitarias.
Si la Hacienda pública somos todos, debe serlo de verdad. El balance individual que propongo fundamenta y agranda tal aseveración. Lejos de considerarla ogro insaciable, sacamantecas o enemiga siempre en pie de guerra, se gestarían entre ambos, Hacienda y ciudadanos, vínculos de proximidad y familiaridad. Orgullo de pagar a la Hacienda pública lo debido e incluso más; orgullo de ser ciudadanos como Dios manda. ¿Utópico? Seguro, pero hay utopías que alimentan e ilusionan.
De lograrse tal grado de conciencia, al ciudadano solo le faltaría un pequeño estímulo para hacer real tamaña utopía: que los políticos y quienes merodean en torno a los caudales públicos tengan un comportamiento ejemplar. Los ciudadanos no son tontos. No aflojarán sus carteras hasta estar convencidos de que quienes se amamantan del Estado lo hacen con criterios de moralidad. Que los políticos se adueñen impunemente de los dineros públicos y los dilapiden sin miramientos es circunstancia atenuante del horroroso fraude imperante.







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