La crisis se ceba en Asturias con 100.000 trabajadores pobres

Resulta arriesgado dar la cara cuando la precariedad es el término que mejor resume tu puesto de trabajo. No es la vergüenza por haber aceptado unas condiciones en muchos casos vejatorias la que hace que los afectados prefieran ocultar su identidad, sino el miedo a perder lo poco que tienen. «Aguanto porque no tengo otra cosa y tengo que vivir», coinciden en repetir unos trabajadores que han visto cómo sus empleos se han precarizado de forma alarmante en la última década. Más allá de la frialdad de las estadísticas, son las historias personales las que mejor reflejan que, aunque 2015 se haya catalogado como el año de la recuperación, todavía queda mucho camino por recorrer para que esa mejoría sea generalizada. Salarios bajos, horarios de 12 horas diarias, insultos y trabajos sin asegurar son habituales en un mercado laboral asturiano en el que, según las cifras de la Agencia Tributaria, más de 100.000 personas ganan menos que el salario mínimo. Es decir, ingresan menos de 9.200 euros anuales.  En este contexto, surge la figura del trabajador pobre, personas que en algún caso soportan unas condiciones más propias de la esclavitud que del siglo XXI.

La precariedad laboral se extiende por todos los sectores económicos y grupos de edad, aunque se ceba especialmente con los más jóvenes y los mayores de 55 años. De las seis personas con las que ha contactado La Voz de Asturias, solo una ha accedido a facilitar sus datos reales. El resto se muestra dispuesto a denunciar pero cree que su testimonio podría perjudicarles, por lo que insisten en mantener el anonimato. No es, ni mucho menos, el único, pero el caso de Sara (nombre ficticio) es elocuente. Gijonesa de 35 años, ha trabajado como graduado social en una asesoría. «Allí trabajábamos siete personas y una de ellas se quedó de baja por problemas psicológicos. Yo dejé el empleo porque llevaba el mismo camino», señala. Según relata, en esa asesoría los insultos son la tónica habitual, y asegura que la jefa incluso ha llegado a empujar a una empleada contra la fotocopiadora. Y si el ambiente laboral no ayuda, las condiciones económicas tampoco. «Entraba a trabajar a las 9.00 y salía muy tarde, sobre las 22.00. Paraba una hora y tres cuartos para comer», explica. Por esas horas de trabajo, cobraba unos 800 euros. La situación era mala pero, al menos, era más dinero que en otra asesoría en la que había trabajado previamente y en la que ganaba 432 euros por 11 horas de trabajo. «El que sabe la ley sabe la trampa», sostiene Sara, quien añade que «saben cuándo puede haber una inspección y por eso funcionan así».

Los bajos salarios son el aspecto que más denuncian los trabajadores, pero no el único. David (nombre ficticio) es técnico superior en desarrollo de aplicaciones informáticas, aunque nunca ha ejercido y siempre ha desempeñado actividades relacionadas con el metal. En su caso, sus principales problemas han sido con los horarios. Reconoce que siempre le han pagado por todas las horas que ha trabajado y que en ese aspecto se respetaba el convenio, aunque critica que, por ejemplo, en una de ellas habían firmado un contrato de 8 horas que la empresa aumentó unilateralmente a 10 horas y, posteriormente, a 12 horas. Cuando se trabajaba a turnos, no podían rotar, por lo que perdían el plus. También denuncia que cuando se quedó de baja por un accidente no laboral, le despidieron. 

David considera que uno de los principales problemas del metal son las subcontratas. Las empresas grandes eligen esta opción para no sobrecargar sus plantillas y ser más ágiles en tiempos de dificultades económicas. En su opinión, el problema de esta situación es la diferencia entre los trabajadores de empresa y los de las subcontratas. «En una de las empresas en las que estuve, los fijos cobraban un plus de productividad si pasaban de cierta producción. Los de subcontrata teníamos que cumplir ese objetivo pero no lo cobrábamos, la empresa intermediaria se quedaba con ese dinero». Además, también eliminaba ciertos derechos que les correspondían por contrato. «Si cogías un permiso por enfermedad o fallecimiento de un familiar, por ejemplo, te lo descontaban de las vacaciones»

Servicios

El sector servicios, y especialmente el de la hostelería, es el que tiene fama de ofrecer unas condiciones más duras. Una de las trabajadoras que denuncia la precarización en ese sector es una joven leonesa que lleva nueve años viviendo en Asturias y que ha trabajado en hostelería en Avilés y en Gijón. En su último empleo, en una vinatería de Gijón, aguantó cinco días. «Desde que empecé tuve que suplicar para que me explicaran mis condiciones, pero todo eran largas», afirma, ya que «lo único que sabía era que el trabajo era a media jornada, lo que en hostelería supone, como mínimo, 30 horas semanales». Después de insistir, consiguió que le explicasen las condiciones. «Iba a trabajar 56 horas semanales y me pagarían 20, no cobraría nada en B, que es lo que suelen hacer» asegura. Según sus cuentas, por todo ese trabajo cobraría unos 600 euros al mes como ayudante de camarera. En cuanto tuvo claro el futuro que le esperaba, decidió dejar el empleo, y ahí llegó su última sorpresa. «Hasta el día antes de irme no me habían dado de alta en la Seguridad Social y me dieron de baja con la misma fecha», apunta, motivo por el que sus seis días de trabajo le computarán como uno en su vida laboral. «En hostelería he visto casi de todo», resume.

Ana tiene 33 años y trabajaba en una zapatería desde hace seis años. En todo ese tiempo no firmó ni un solo trabajo con la empresa, ya que ella era empleada de una ETT. Cada cierto tiempo, tenía que ir unos meses al paro, ya que legalmente no puede encadenar contratos temporales. Explica que «mi contrato era de 29 horas semanales en la tienda, por las que cobraba 700 euros mensuales, pero últimamente también tenía que ir al almacén, por lo que hacía más de 50 horas semanales». A partir de esas 29 horas no tenía seguro y cobraba 6 euros por hora. Descansaba un día a la semana. «Cuanto mejor te portas, peor te tratan», asegura Ana, quien añade que «la situación es humillante». A pesar de ello, reconoce que «el jefe me dijo que me volvería a llamar. No tengo nada así que si lo hace tendré que volver».

Discapacidad

Alejandra, ovetense, tiene 56 años y una discapacidad del 40%. Trabaja de limpiadora para una empresa que, a su vez, está subcontratada por otra. «Cobramos unos 400 menos que las que están contratadas directamente por la empresa», afirma. La diferencia es especialmente grave si se tiene en cuenta que, los fijos de empresa, ganan unos 900 euros por 40 horas semanales. «Su excusa es que al tener una minusvalía tenemos más posibilidades de quedarnos de baja», asegura. Además, sostiene que el trabajo que realizan es exactamente el mismo. «Nadie nos pregunta qué cosas podemos hacer y qué cosas no, lo de la minusvalía solo les interesa para pagar menos», sentencia.

David Suárez no tiene problema en facilitar su nombre real. Tiene 27 años y es de Sotrondio. Denuncia que ha trabajado en una empresa en el Polígono de Llanera como instalador de fibra óptica y cobre. «Pedían gente sin experiencia y nos seleccionaron a 15», asegura. Después de dos días de formación teórica, cuatro de ellos comenzaron a trabajar un mes de prácticas. «Nadie se preocupó de nosotros en todo ese tiempo y los compañeros no nos hacían caso», critica. Cuando pasó ese periodo, ninguno de los cuatro continuó. Según denuncia David, esa es una práctica habitual. «El mes siguiente de terminar yo, vi la misma oferta, por lo que me estuve informando y es lo que hacen siempre», apunta antes de añadir que «se lucran con la gente de prácticas, cobran las subvenciones y no contratan». «En ese momento entendí cuál era el motivo de que los compañeros no nos hicieran caso, estarían cansados de enseñar a la gente para que se fueran un mes después», concluye.