Hacienda saca a flote 800 piscinas ilegales en Asturias

La campaña de regularización de inmuebles impulsada por el Catastro hace tres años deja datos curiosos en Asturias. Entre las miles de construcciones ilegales detectadas por Hacienda, destacan las más de 800 piscinas que el Gobierno central ha conseguido sacar a flote en la región. A esta cifra se sumarán en los próximos meses más, ya que el fisco está investigando las edificaciones de otros 24 concejos. Con ellos, la operación quedará cerrada definitivamente en noviembre de este año.

Los propietarios tendrán ahora que pagar a los ayuntamientos por estos bienes ocultos y estos les podrán requerir pagos por no haber notificado antes su situación. El Catastro ha regularizado exactamente 27.632 inmuebles en el Principado desde el comienzo del plan. El fraude más habitual es el que se engloba en el apartado de reformas y cambios de uso (34%), seguido de ampliaciones y rehabilitaciones (33%), nuevas construcciones (29%) y piscinas (3%). Es decir, 828 piscinas que no existían para Hacienda y que, por lo tanto, no pagaban el impuesto del IBI.

Las inspecciones se han desarrollado principalmente con técnicos del Catastro que, sobre el terreno, y con datos facilitados por el Plan Ortofotográfico Nacional del Ministerio de Fomento, han comprobado los inmuebles. También han utilizado drones, aunque aseguran que su uso ha sido «residual». 

Hacienda inicia los trámites para sancionar una vez que detecta la irregularidad, aunque los propietarios de las edificaciones tienen un plazo de 15 días para recurrir una vez que reciben la notificación. En casos como piscinas hinchables, pérgolas o barbacoas, las fotografías aéreas que sirven de base para comenzar la investigación pueden dar lugar a equívocos al considerar estos elementos como una construcción irregular a efectos fiscales (que no urbanísticos).

 Ingresos de 1,6 millones solo por las inspecciones

Resulta complicado saber exactamente cuánto dinero ha recaudado Hacienda por la regularización de estos inmuebles, pero solo la comunicación de la irregularidad, según consta en la Ley del Catastro Inmobiliario, supone una tasa de 60 euros por cada bien no declarado. Desde que se inició la campaña por parte de Hacienda, a finales de 2013, han aflorado más de 27.600 inmuebles en la región, de ahí que solo en este concepto el Gobierno central haya ingresado 1,6 millones. A esta cantidad hay que sumar los ingresos extra en concepto de IBI para los ayuntamientos, que además pueden reclamar los intereses de demora de hasta cuatro años antes. 

El incremento medio del recibo del padrón del IBI en Asturias en los municipios en los que ha concluido la investigación es de un 8,49%, aunque la subida del tributo no se debe exclusivamente a esta campaña, sino que también ha influido la petición de los ayuntamientos de una revisión del valor catastral, ya que en muchos casos se encontraban desactualizadas incluso desde hace décadas.

Más investigaciones

Una resolución del Ministerio de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 20 de diciembre de 2016, refleja que la campaña se aplicará hasta el 30 de noviembre de 2017 y que ahora se investigará a otros 24 concejos -que se suman a los 44 ya rastreados-. En la actualidad, el Catastro ha puesto el foco en Allande, Aller, Bimenes, Boal, Cangas del Narcea, Carreño, Degaña, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Langreo, Mieres, Pesoz, Ponga, Quirós, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Sobrescobio, Tineo, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villayón.