España y Portugal tienen luz verde para limitar las subidas del precio mayorista de la electricidad

España y Portugal tendrán un «tratamiento especial para gestionar los precios de la energía». Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al término del Consejo Europeo, que finalmente permitirá a los dos países poner en marcha sus planes para limitar el encarecimiento del mercado eléctrico topando las ofertas que realizan cada días las centrales de ciclo combinado, que utilizan gas natural para producir. No es exactamente desligar los precios de ambos productos, como ambicionaba España, pero sí aplicar un mecanismo para controlar el contagio del gas sobre la electricidad.

Von der Leyen reconoció que la Península tiene una «situación especial» con un parque de generación diferente al de otros países, con una fuerte implantación de tecnologías renovables y escasas interconexiones con el resto del continente. Por eso, finalmente el Consejo permitirá que España y Portugal apliquen sus propias recetas para contener los precios eléctricos, aunque no los del gas. Y es que no se actuará sobre el precio de la materia prima en el mercado, sino sobre las ofertas que realizan los ciclos combinados. Estas no podrán superar un umbral, que está por definir, y que estará por debajo de sus costes de producción. Pero esas plantas recibirán unas compensaciones para evitar que entren en pérdidas.

Según citó Efe, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este viernes tras el acuerdo del Consejo Europeo que permite la denominada «excepción ibérica» en el mercado de la electricidad que se han cumplido los objetivos previstos por parte de España.

Sánchez valoró ese acuerdo en la conferencia de prensa que ofreció al término de la cumbre europea de Bruselas junto al primer ministro portugués, António Costa, para simbolizar la unidad de criterio de los dos países en sus demandas a la UE para buscar soluciones que permitan rebajar el precio de la electricidad.

La planteada por ambos, y que ha sido aceptada pese a las reticencias iniciales de socios como Alemania y Holanda, aspiraba a que los dos países de la Península Ibérica puedan adoptar medidas específicas debido a su condición de «isla energética» con el convencimiento de que no perjudican al resto de Estados miembros.