Juzgan a tres exdirectivos de la Asociación Deportiva Lloreda por apropiarse fondos

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena del ex presidente, ex tesorero y ex secretario de una asociación deportiva de Gijón acusados de apropiación indebida y falsificación de documento privado para los que solicita 2 años de prisión y el pago de una indemnización de 17.649 euros a la entidad perjudicada.

En el momento de los hechos, uno de los acusados ostentaba la condición de presidente de la Asociación Deportiva Lloreda, en Gijón, asociación sin ánimo de lucro, con la condición de club deportivo básico y con objeto social de promoción y práctica de actividades deportivas y, en concreto, de fútbol infantil.

Los otros dos acusados son el extesorero y el exsecretario de la junta directiva que estuvo al frente de la sociedad desde mayo de 2009 a febrero de 2012. Los acusados no destinaron a las necesidades del club el préstamo obtenido por importe de 3.500 euros, transfiriéndose, el día 18 de julio de 2011, un total de 3.000 euros de ese préstamo a una cuenta del BBVA y sin que los acusados atendieran al pago de las cuotas del préstamo.

Esto determinó una deuda de 5.015 euros a 26 de febrero de 2013, de las que la entidad bancaria se resarció mediante el embargo de subvenciones ingresadas por el Principado por importe de 3.751 euros y estando pendientes de pago cuotas por importe de 1.747 euros.

Durante su periodo al frente de la sociedad, los acusados realizaron sucesivas disposiciones de los fondos que tenía la sociedad en cuentas corrientes de Cajastur y BBVA , realizando reintegros no justificados en cajeros durante los años 2009 a 2011, valiéndose de las tarjetas de crédito pertenecientes al club y que, en total, suman 12.633 euros, que incorporaron a su patrimonio.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de apropiación indebida del Código Penal, en concurso de normas con un delito de falsificación de documento privado.

Solicita que se condene a cada uno de los acusados a 2 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, abono de las costas procesales y pago de una indemnización de 17.649 euros a la entidad perjudicada.