La Audiencia Nacional imputa a los directivos de la Corporación Masaveu por un delito fiscal

La sala de lo penal de la sección segunda de la Audiencia Nacional ha imputado a los responsables de la dirección de la Corporación Masaveu entre los años 2005 y 2010 como presuntos autores de un delito contra la Hacienda Pública relacionado con la trama que se investiga respecto a los sobrecostes en la ampliación del puerto de El Musel, en Gijón. En concreto, el auto del tribunal señala que, en su relación con la UTE Dique Torres (que se encargaba de las obras del puerto), la cementera de la Corporación Masaveu (entonces Tudela Veguín SA.) cobró regularmente unos 8 millones de euros por el cemento vendido a la UTE pero de forma paralela Dique Torres realizó para los Masaveu toda una serie de prestaciones que se pagaron en especie, según detalla el auto, «al margen de cualquier contabilización, sin factura y sin repercusión del correspondiente IVA».

Estas prestaciones estarían valoradas según la Audiencia Nacional en unos 80 millones de euros, «que habrían consistido en la ejecución de diversas obras en beneficio de Tudela Veguín SA. a las cuales se hace referencia de una forma muy genérica en un contrato de 11 de enero de 2006 suscrito entre la UTE y Tudela Veguín SA. donde la UTE Dique Torres asume la obligación de ejecutar una serie de labores le sea útil o no para la realización de la obra descrita en el expositivo I». Es decir, todas esas obras no se especificaron para no aparecer como registradas y escapar a la inspección fiscal. Así la sala deduce que se hallan «nuevos indicios delictivos» al no facturarse esas obras por parte de la UTE para que los Masaveu pudieran «omitir la contabilización de los ingresos que estas prestaciones en especie ocultándolas luego en su declaración en el Impuesto de Sociedades del año 2009».

En este sentido, el auto reclama ampliar la investigación por un delito contra la Hacienda Pública a José Antonio Muñiz Muñiz (apoderado que firma los contratos en representación de Tudela Veguín SA.), Juan Miguel Pérez Rodríguez e Isidro Alonso Sierra como gerentes en diferentes fases de la UTE Dique Torres, así como imputar también «otras personas que hayan ejercido como consejero delegado o apoderados de la entidad Tudela Veguín SA., luego Corporación Masaveu SA. entre los años 2005 a 2010 ya sea directamente o designados por alguna persona jurídica que ejerciera tal función».

Este auto da la razón a la Abogacía del Estado y a la Asociación de Vecinos del Alto Aboño que habían recurrido, con el apoyo del fiscal, el rechazo inicial del Juzgado Central de Instrucción número 3 a unir la investigación de este presunto delito contra el fisco al desarrollado respecto a los posibles fraudes en la ampliación de El Musel. La investigación de este presunto delito surge a raíz de la declaración de otro imputado, Juan Miguel Pérez Rodríguez, gerente de la adjudicataria UTE Dique Torres en el que manifestó que los importes facturados por Tudela Veguín SA por el cemento vendido «habría que añadir otros 150.000.000 euros abonados a la entidad Tudela Veguín SA. por diversas contraprestaciones complementarias parcialmente no facturadas».

El auto, con fecha del 20 de mayo, fue repartido entre la prensa por el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, quien afirmó que «la mayor fortuna de Asturias ya aparecía en la lista Falciani y también en los papeles de Panamá, toda esa investigación ha permitido descubrir que están involucrados en la evasión fiscal». Ripa destacó que «donde hay corrupción hay evasión fiscal porque es allí donde se lava el dinero» y cargó contra el Gobierno asturiano por haber concedido a la Corporación Masaveu la Medalla de Asturias el año pasado a pesar, según dijo, de ser ya conocedores de estas filtraciones.