Los auxiliares educativos y los fisios llevan a los tribunales el tijeretazo de Educación

Los auxiliares educadores y fisioterapeutas continúan su batalla contra el Principado. El colectivo ha dado dos pasos esta semana. En primer lugar ha presentado en la Consejería de Educación más de 4.000 firmas recogidas entre toda la comunidad educativa contra la precarización de sus condiciones laborales. Además, ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo para tratar de tumbar en los tribunales la decisión de convertir todas las plazas en contratos a tiempo parcial de contratación anual.

Con las 4.000 firmas entregadas, familiares y profesores muestran su disconformidad por de la precarización de las condiciones laborales de estos profesionales y expresan en una serie de manifiestos su preocupación por la atención que se está prestando a los alumnos con necesidades educativas especiales. Denuncian que se sigan realizando contrataciones por «cúmulos de tareas» que en muchos casos ni siquiera abarcan el correspondiente trimestre escolar completo. 

«No hay un mínimo interés por la permanencia de estos profesionales ni por la educación de estos chavales», afirma Manuel Amago, uno de los portavoces del colectivo profesional. Junto a varios compañeros, ha acudido a la consejería a entregar las miles de firmas que han recogido en contra de la precarización de sus condiciones y de la atención que se presta a este alumnado. Tanto para padres como profesores, la labor de estos profesionales es esencial en la atención educativa a estos niños y denuncian que por un intento de ahorro inferior al 0,01% de su presupuesto regional se ponga en serio riesgo la atención educativa continuada y de calidad al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje e inclusión educativa. «La reducción de la partida económica dedicada al pago de salarios supone la instauración definitiva del trabajo precario y parcial en este sector, con la consiguiente merma importante de la calidad del servicio educativo, y la más que probable futura privatización de esta atención educativa», comentan.

Por otra parte, denuncian que se sigan realizando contrataciones por «cúmulos de tareas», que en muchos casos son inferiores a los tres meses. «Algunos contratos son solo hasta el 8 de marzo porque alegan que no hay dinero para el trimestre completo», apunta Amago. El colectivo ha recordado que este tipo de contratación ha sido reiteradamente calificado como «fraude de ley» por los Juzgados de lo Social, ya que se tratan de plazas de estructura de la consejería que deben ser cubiertas de forma continuada de manera anual. «A pesar de ello, y del coste que las sentencias suponen para las arcas públicas, Educación continúa a día de hoy realizando estas prácticas fraudulentas», señala.

Este cúmulo de razones ha empujado al colectivo a presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Consejo de Gobierno de convertir todas las plazas en contratos a tiempo parcial que deberían ser anuales, y que suponen una pérdida de horas y de dinero «en un sueldo de 800 euros», sin que las situaciones de necesidad educativa del alumnado hayan mejorado. «Tenemos la esperanza de que se vaya a tumbar porque en el mes de noviembre la Junta General del Principado aprobó una proposición no de ley en la que se obliga al Consejo de Gobierno a revertir esta situación. Esos 50.000 euros de ahorro que alegan son una miseria, pero sí que tienen un coste para la vida de estos niños», afirma Amargo.