La Fiscalía defiende la legalidad de la operación contra UGT

La Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, ha dicho tras anunciar UGT que pedirá explicaciones al Ministerio de Interior por el «asalto» a su sede en Asturias que el sindicato está en «su derecho de pedir explicaciones y se las darán». Antes de iniciar su comparecencia en la Comisión de Presidencia en la Junta General, ha apuntado que al margen de que haya actuaciones que «gusten o no o parezcan exageradas» lo que hay que valorar es «si son legales o no».

En relación al registro llevado a cabo el pasado mes en la sede del UGT en Oviedo, Esther Fernández ha explicado que se produjo una entrada y registro para incautar documentación, y a partir de ahí unas detenciones de las personas que parece ser que aparecían indicios suficientes como para que adquirieran las condición de investigados-detenidos. Ha añadido que las personas arrestadas pasaron a disposición judicial, se les tomó declaración como investigados y quedaron en libertad provisional.

Otros asuntos

Respecto a la listas de espera sanitarias, Fernández ha señalado que la Fiscalía mantiene dos diligencias abiertas, una para ver si hubo «alguna trampa» y «esos saltos», si bien ha precisado que es «lógico» que pueda haber alteraciones, y que lo que hay que valorar es si es por criterios «discrecionales» o «médicos y de urgencia». «Una persona pueda estar la última en la lista de espera, pero si su situación se agrava tendrá que ser el primero en operar», ha defendido la fiscal, que ha considerado «otra cosa» si la modificación del orden de paciente responde a una «arbitrariedad» o por «hacer un trato de favor». Ha agregado que si se llega a acreditar que hubo algún delito habrá que «meterle en algún encaje» contemplado en el Código Penal.

Además, Fernández ha indicado que existe otras diligencias abiertas por una denuncia de revelación de datos presentada por el Principado, ya que los datos médicos son personales y afectan a la intimidad del individuo, por lo que no se pueden relevar.

Falta de medios

 Ya en su comparecencia ante la Comisión de Presidencia en la Junta General, la fiscal ha reiterado las quejas por la carencia de medios materiales y de personal que año tras año mantiene su departamento, que soporta una «burocracia que no puede ser», y ha lamentado que de momento no está en la plataforma «Lexnet, ni en el expediente digital, ni en nada».

La administración de justicia «no funciona» si no lo hace la Fiscalía, ha enfatizado Fernández, que ha sostenido que si ésta se atasca lo hacen «todos los juzgados» y también ha reclamado una partida económica específica para la Fiscalía, que recibe el 7 por ciento del total de la justicia asturiana. Los fiscales --un total de 51 en Asturias-- «no dependen» del Ejecutivo, ha recordado Fernández, que ha lamentado que no tienen «mucha voz para reivindicar nada», si bien ha considerado que la «obligación» del Estado es defender a sus instituciones básicas.

Ha alertado de que no hay suficiente «seguridad» en el sistema, y ha citado como ejemplo cuando tiene que recurrir al Centro de Gestión de Servicios Informáticos para subsanar un error en su ordenador, en cuyo proceso facilita el acceso al mismo a un operario que le ha devuelto la llamada en la que previamente le había trasladado la incidencia.

También ha lamentado que las instalaciones judiciales en las que desarrolla su actividad la Fiscalía «no están adecuadas», y ha calificado como «cortita» la reforma de ley que no contempla incluir a los sindicatos en el supuesto de delito de financiación ilegal, previsto en el caso de los partidos políticos.