Las extraescolares de los colegios concertados, bajo sospecha
Asturias
La Sindicatura de Cuentas reclama a Educación que vigile los ingresos que los colegios reciben por este concepto y que se informe a las familias de su carácter voluntario. Aconseja que autorice los precios de las actividades
30 Mar 2017. Actualizado a las 19:32 h.
La Consejería de Educación del Principado debería controlar y autorizar previamente los precios que los colegios concertados ponen a las actividades extraescolares y a los servicios complementarios como el comedor o el transporte escolar. También tendría que auditar los ingresos que los centros tiene por estos conceptos y vigilar que las familias sepan que son voluntarios y no obligatorios. Estas son funciones propias de la Administración asturiana que no se están realizando. Esto supone que no tiene conocimiento de si se están reclamando pagos al margen de la legalidad. Así lo recoge el último informe de la Sindicatura de Cuentas que recomienda al Gobierno del Principado que comience a realizar estas tareas.
La fiscalización de los conciertos educativos se ha realizado con los datos del curso 2013/2014, que fue el primero tras la última renovación de las subvenciones. Los centros concertados cuentan, en total, con 1.309 unidades, en las que se pueden formar hasta 31.901 alumnos, con 2.358 profesores. Los síndicos eligieron de forma aleatoria nueve colegios de entre los que presentan una matrícula de alumnos más grande. De esos nueve centros, recopilaron toda la información que había llegado a la consejería. Lo primero que comprobaron es que la documentación estaba incompleta y que Educación no cumplía con todas las funciones que tiene asignadas.
El informe de la Sindicatura de Cuentas explica que las actividades extraescolares tendrán carácter no lucrativo y que los precios serán fijados por el Consejo Escolar, a propuesta de la dirección. Recuerda que las tarifas deben ser autorizadas por la Administración educativa. Cada colegio debe remitir tanto el programa como lo que cobra por ellas y esperar a recibir el visto bueno. Lo mismo sucede con los servicios complementarios, como el comedor, el transporte o el servicio médico. No pueden tener carácter lucrativo, es decir, los centros no pueden ganar dinero con ellos, y las tarifas requieren de un permiso previo. Además, las familias deben saber que esos pago nos son obligatorios y que es voluntario inscribir a sus hijos.
Este sistema de funcionamiento no se está siguiendo de forma rigurosa. De los nueve centros examinados, algunos no trasladaron ninguna información. Otros lo hicieron de forma parcial. Solo dos cumplieron con el procedimiento exigido. Sin embargo, no consta que la consejería haya reclamado información complementaria a los que no enviaron los programas con los precios.
Los síndicos matizan en este informe que los colegios concertados sí pueden cobrar por actividades que ayuden al mantenimiento y a la mejora de las actividades. Pero debe ser fuera del horario de permanencia en el centro.
Otras recomendaciones
Al margen de la polémica con las extraescolares, la Sindicatura considera que se está cumpliendo de forma adecuada la legislación de los conciertos educativos que, en la actualidad, están en plena fase de renovación. La documentación revisada confirma el cumplimiento del resto de requisitos que garantizan la gratuidad de la enseñanza y reconocen que todos están por ligeramente por debajo del máximo de horas autorizadas. Se cumplen los acuerdos para el pago de los docentes y la revisión del capítulo de gastos que no está relacionado con los salarios de personal.
Solo realiza un par de puntualizaciones adicionales. Aconseja a la consejería que pida todos los meses a los centros una declaración responsable sobre el efectivo cumplimiento de sus funciones con el personal, cuyo sueldo se abona mediante el sistema de pago adelantando. Esto acredita que la transferencia pública se ajusta a la cantidad exacta necesaria. También considera adecuado mejorar la comprobación de los gastos de funcionamiento. Esto supone no limitarse a recibir los certificados con la aprobación de cuentas sino a exigir más documentación.