Villa ya está en el juzgado pero no declarará

El exsecretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa ha llegado a las 11:00 horas al Palacio de Justicia de Oviedo, donde están declarando testigos e investigados en la Operación Hulla, en relación al presunto desvío, apropiación y ocultación de fondos públicos y privados del Montepío de la Minería entre 2005 y 2014. Fernández Villa ha llegado en un taxi, acompañado de su mujer y de su hija, en las que se ha tenido que apoyar para caminar hasta la puerta de los juzgados debido a su delicado estado de salud, tras lo cual ha accedido a las dependencias del médico forense. La procuradora del que fuera líder del sindicato minero durante más de 35 años ha avanzado que Fernández Villa no va a prestar declaración debido a su deterioro físico.

A lo largo de la mañana, prestarán declaración en el Juzgado otros testigos e investigados en el marco de esta operación, lanzada el pasado martes por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. También está previsto que pasen a disposición judicial los cuatro detenidos en el marco de esta operación, incluido el expresidente del Montepío de la Minería Asturiana José Antonio Postigo, que fue trasladado desde Murcia, donde fue arrestado, hasta la Comandancia de la Guardia Civil en Oviedo. Los otros tres detenidos el exasesor fiscal del Montepío de la Minería, J.M.F.F.; el arquitecto Manuel Sastre, autor del proyecto de la residencia de mayores de Felechosa, y Juan Antonio Fernández, propietario de la constructora que ejecutó la obra, que supuso una inversión de 31 millones de euros.

La operación investiga el desvío, la apropiación y la ocultación de fondos públicos y privados del Montepío entre 2005 y 2014 iniciada en relación a un presunto blanqueo de capitales del exsecretario general del SOMA-UGT, que en 2012 regularizó 1,4 millones de euros tras acogerse a la amnistía fiscal y que figura como investigado. En la operación para construir el geriátrico de Felechosa por la mutualidad se centran las sospechas sobre el origen de los fondos que Fernández Villa y Postigo -360.000 euros- regularizaron en la amnistía fiscal lo que determinó su expulsión del sindicato y del PSOE. Pero las pesquisas también se remontan hasta el año 2005, por lo que toda la gestión de Postigo en la mutualidad minera está bajo sospecha.