El constructor y el arquitecto del geriátrico recurren las medidas cautelares

Los abogados de al menos dos de los detenidos en la «Operación Hulla», el constructor Juan Antonio Fernández y el arquitecto Manuel Sastre, han recurrido las medidas cautelares dictadas contra ambos por la titular del juzgado número 3 de Oviedo tras ponerlos en libertad fianza después de declarar.

Según han señalado fuentes judiciales, en ambos casos sus letrados han solicitado además que el juzgado autorice la devolución de los vehículos embargados por decisión de la jueza Begoña Fernández, que decretó el embargo de los bienes, cuentas y otros productos financieros de los investigados en la «Operación Hulla»

En el auto dictado tras tomar declaración a los investigados, la jueza Begoña Fernández ordenó el embargo de diez vehículos de su propiedad y el bloqueo de todas las sumas por encima de los 6.000 euros y de sus bienes inmuebles y prohibió que puedan disponer de los mismos tanto ellos como cinco empresas relacionadas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), en la causa se han abierto diligencias como investigados contra dieciséis personas, entre ellas el exsecretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa y el expresidente del Montepío de la Minería Asturiana José Antonio Postigo y siete familiares de ambos.

La relación de investigados se completa con el constructor y el arquitecto así como con el exasesor fiscal de la mutualidad, José Manuel Fernández, -todos ellos detenidos junto a Postigo y puestos en libertad provisional sin fianza-; el actual asesor jurídico del Montepío y el aparejador de la obra, así como dos empresarios que realizaron trabajos para la construcción de la residencia.

El auto les atribuye posibles delitos de blanqueo de capitales, fraude de subvenciones, falsedad de documento oficial y mercantil, tráfico de subvenciones, apropiación indebida, contra la hacienda pública, malversación, cohecho y prevaricación.

Dichos delitos se habrían cometido en la construcción de la residencia de Felechosa, llevada a cabo por el Montepío con una subvención de 31 millones de euros con cargo a los fondos mineros.

La jueza bloqueó además las cajas de seguridad de que pudieran disponer los investigados y pidió que se les impidiese el acceso a las mismas después de que se constatase que uno de ellos, en concreto el exasesor fiscal del Montepío, cuenta con una en una oficina bancaria de Oviedo.

Según el informe policial incorporado a la instrucción de la causa, de dicha caja de seguridad podría haber salido el dinero que tanto Fernández Villa como Postigo regularizaron en la amnistía fiscal de 2012 (1,2 millones y 436.000 euros, respectivamente).

Después de que el pasado viernes se levantara el secreto de las actuaciones y dado el gran volumen del sumario, el juzgado está concluyendo la incorporación de la última documentación aportada para su posterior foliación, una labor que se prevé concluir mañana.

En ese momento, según el TSJA, se mandará oficio al Principado para que gestione la digitalización de las actuaciones a la mayor prontitud posible con lo que la previsión es que las partes puedan recoger su copia digitalizada a mediados de la próxima semana.