La responsabilidad cruzada del Principado en el «Caso Marea»
Asturias
El tribunal obliga a Marta Renedo a indemnizar a la Administración regional por los perjuicios causados y ésta a su vez es declarada como responsable civil subsidiaria. La Audiencia no establece la cuantía exacta del dinero defraudado, que será determinado en ejecución de sentencia
02 Sep 2017. Actualizado a las 05:00 h.
El Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo no ha cuantificado la cantidad económica exacta a la que asciende el monto del fraude cometido a través de la presunta trama de corrupción del «Caso Marea» y que algunas acusaciones elevaban a 6’5 millones de euros. A la hora de fijar las indemnizaciones que deben afrontar los ahora condenados, la Sala advierte que abonarán las cuantías que se determinen «en ejecución de sentencia».
Un caso paradójico es el del Principado de Asturias, que está personado en la causa como acusación particular y tiene la doble condición de responsable civil subsidiario. Los magistrados Javier Domínguez Begega, Ana Álvarez y Francisco Javier Rodríguez Santocildes han acordado que la exfuncionaria Marta Renedo, exjefa de servicio de Procesos Administrativos en la Dirección General de Modernización del Principado indemnice al Principado de Asturias en las cantidades sustraídas y al abono en los perjuicios causados a determinar «en ejecución de sentencia».
El pago de las indemnizaciones
La exfuncionaria, que dio nombre a la operación policial, tendrá que resarcir económicamente a las dos mujeres a las que suplantó la identidad. A Azucena V. le tendrá que abonar 600 euros por los gastos de abogado, 181,63 euros por la minuta del procurador, así como en 2.000 euros por la atención psicológica que precisó y los daños morales. Renedo tendrá que pagar a María Teresa P.B. en 2.000 euros. De ambas indemnizaciones responderá subsidiariamente la Administración del Principado de Asturias.
Los procesados María Jesús Otero Rebollada, Víctor Manuel Muñiz Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, conjunta y solidariamente, deberán indemnizar al Principado de Asturias en el importe de los perjuicios causados, también «a determinar en ejecución de sentencia».
Ernesto Iglesias González, hijo del exconsejero de Educación, responderá solidariamente de las indemnizaciones a cargo del exgerente de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz Menéndez en 99.405,21 euros al considerar que ha sido «partícipe a título lucrativo».
Igualmente el tribunal ha decretado nulidad de la compraventa realizada entre los acusados María Jesús Otero y Alfonso Carlos Sánchez.