Los ayuntamientos aplauden que los niños de dos años pasen a los colegios

Aún no se ha tratado de modo formal en una ejecutiva, pero a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) no le desagrada el proyecto de la Consejería de Educación de incorporar a los niños de dos años a los colegios. El presidente de la FACC y alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, reconoce, a título personal, que el proyecto le parece «bárbaro». Entre las ventajas, destaca que el último curso del primer ciclo de Infantil, que es el que tiene más demanda, pasaría a depender del Principado y podría llegar a ser gratuito. No obstante, García Palacios cree que hay que esperar a ver el informe completo encargado por el Ejecutivo regional para conocer qué alternativas se barajan y qué se puede hacer. Solo matiza un aspecto. El millón y medio de euros de presupuesto incrementando por la Administración regional en el último año ha aliviado considerablemente las arcas municipales.

Está pendiente la convocatoria oficial de una reunión entre la FACC y la Consejería de Educación. De ese encuentro saldrá la hoja de ruta para el futuro. Verán qué opciones de futuro se plantean para el primer ciclo de Infantil y para el futuro de las escuelas públicas municipales. Lo que no le gusta nada al alcalde de Navia es la táctica del Ministerio de Educación, que asiste como testigo mudo a todos los movimientos que se están produciendo en Asturias. Si el Principado asumiera esta etapa no obligatoria, sería la primera comunidad autónoma en asumir esta competencia. Si encima se atendiera a las voces que exigen su total gratuidad, tendría que buscar, además, millones de euros para cubrir los gastos. La escena es compleja y García Palacios no entiende que el Estado permanezca callado. «Las transferencias educativas vienen de Madrid. Sin dinero ninguna comunidad puede hacer nada», argumenta.

Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local habla de la posibilidad de delegar la creación de las escuelas de Infantil en varios artículos y también en la disposición adicional decimoquinta. Pero la base de toda la polémica no radica solo en quién tiene que hacerse cargo de la gestión de una etapa educativa. La clave está en quién la va a pagar. El presidente de la FACC señala que alcanzar la gratuidad total del 0 a 3 años puede llegar a suponer hasta cuatro millones de euros más al año, una cantidad equivalente a lo que ahora podrían estar abonando los padres. «¿De dónde van a salir estos recursos?», pregunta con un ojo puesto en el ministerio.

Hasta ahora, lo único bueno de este inicio de curso 2017/2018 es que el incremento en un millón y medio de la dotación del Principado ha supuesto un alivio para los consistorios, que respiran tranquilos. El acuerdo es que para el curso que viene -con los presupuestos de 2018- se incremente otro millón y medio más. «Este dinero no lo soluciona todo pero ayuda», explica. Pide, además, paciencia. Explica que las escuelas públicas de 0 a 3 años «están muriendo de éxito», ya que es un servicio público muy demandado, en el que trabajan 530 profesionales. «Es un servicio muy sensible porque las familias envían a la joya de la corona, a sus hijos. Así que debemos ver bien lo que hacemos», insiste.