El inspector jefe de la UDEF sostiene que Cascos recibió «indiciariamente» dinero de la caja B

El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigó el caso Gürtel, Manuel Morocho Tapia, ha afirmado que el expresidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos y Mariano Rajoy, recibieron «indiciariamente» dinero de la presunta caja B del PP. Morocho lo ha afirmado en la comisión que investiga en el Congreso la supuesta financiación ilegal de los populares. Morocho ha asegurado que existen «indicios» de que la estructura del PP «respondía al perfil de una organización delictiva» por sus operaciones en la trama Gürtel, que ha calificado como «corrupción en estado puro». No obstante, ha puntualizado que, a pesar de que su grupo «ha aportado elementos indiciarios», «la existencia de contabilidad B todavía está en presunto».

La diputada de Unidos Podemos Carolina Bescansa le ha preguntado por los presuntos receptores de los conocidos papeles de Bárcena. Morocho ha insistido en que «la identificación de las personas que aparecen ahí se encuentra en la pieza que está pendiente de enjuiciamiento».

- ¿Se encuentra en esta relación el señor Trillo? - ha cuestionado Bescansa.

- Sí - ha respondido Morocho.

- ¿El señor Álvarez-Cascos?

- Indiciariamente, sí.

- ¿El señor Mariano Rajoy?

- Indiciariamente, sí.

- ¿El conjunto de los secretarios generales del PP?

- Indiciariamente, sí.

El inspector, preguntado por el diputado de EH Bildu Oskar Matute, ha manifestado que de los informes elaborados por su equipo se deduce que el Partido Popular «respondía al perfil de organización delictiva», si bien se ha ceñido a la decisión de los tribunales «que son los que valoran y evalúan».

«Nuestro objetivo es determinar si hay fondos B, cómo circulan y cuál es el objeto. Es una situación que persiste en las organizaciones de delincuencia organizada», ha explicado Morocho, aunque ha puntualizado que «hay que ser extremadamente cuidadosos a la hora de definir comportamientos».

El inspector sí ha explicado, a preguntas del portavoz del PNV en la comisión, Mikel Legarda, que «hay una actuación coordinada que responde a unos designios, que ha prestado unos servicios de determinado perfil y que ha operado en diversos territorios con un tronco común».

Por otro lado, el inspector jefe de la UDEF ha defendido a su grupo ante la pregunta de la diputada de ERC Esther Capella sobre si existen motivaciones políticas detrás de la investigación, en la que se han seguido «los mismos estándares que con las organizaciones y los delitos económicos comunes».

«Sabemos que desde el ámbito subjetivo se hace referencia a personas que han ocupado cargos políticos, pero eso no condiciona nuestra forma de actuar, que sigue la misma metodología que con otras personas», ha explicado.

Durante la comparecencia, los representantes del PSOE, Podemos y ERC han acusado al PP de «intimidar» y «amenazar» al inspector jefe de la UDEF después de que el portavoz del PP en la comisión, Carlos Rojas, se refiriera a los límites que tiene en su cargo Morocho.

En concreto, la portavoz de Podemos, Carolina Bescansa, ha reprochado a Rojas que hiciera referencia a las sanciones específicas que contempla el Código Penal para aquellos casos en los que la Policía Judicial sobrepasa sus límites, después de que el diputado popular señalara que hay multas desde los 500 euros.

El presidente de la comisión, Pedro Quevedo, ha tenido que mediar en la polémica y ha recalcado que él no había percibido ninguna amenaza en las palabras de Rojas.

Tras ello, el portavoz del PP en la comisión ha criticado las palabras del resto de intervinientes por haberle acusado de algo «muy grave, de amenazar a alguien»; una cuestión que, en su opinión, estaba «muy lejos de la realidad».

A su juicio, el objetivo de la comisión, impulsada por el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, es hacer «política de confrontación» y ha concluido que «hasta que no haya una sentencia firme, no se pueden sacar conclusiones» de los casos tratados, principalmente la trama Gürtel y el caso Bárcenas.

Por otro lado, el excomisario de la Policía Judicial Juan Antonio González García que también ha comparecido hoy, ha subrayado que «casi todas las detenciones» realizadas en el marco de esta investigación se han hecho por orden judicial porque era consciente de que era un asunto «delicado».

Además, el excomisario, a quien no le tocó investigar la financiación irregular porque fue cesado en enero de 2012, no ha podido precisar que la Gürtel sea «una trama» ya que entre los implicados había personas que no eran políticos, si bien ha incidido en que «lo importante era la organización de Francisco Correa».