La Marea rompe en 40 años de prisión

Es el mayor caso de corrupción en la Administración autonómica que ha llegado a ser juzgado y condenado. Resultó tan complejo, que pasó más de un año entre la celebración del juicio y la publicación de la sentencia de la Audiencia Provincial, pero finalmente el momento llegó el 1 de septiembre. Los jueces consideraron probadas las acusaciones contra los siete principales encausados en la operación Marea y les impusieron penas que, en conjunto, suman 40 años de prisión. La sociedad asturiana, sin embargo, aún no ha escuchado la última palabra sobre el caso. La fiscalía y el Principado, que ejerció la acusación particular, han rechazado recurrir el fallo ante el Supremo para conseguir castigos más severos, tal y como habían solicitado, pero las defensas sí planean continuar la lucha legal para intentar conseguir la absolución de los condenados.

El más alto responsable político que se sentó en el banquillo, el exconsejero socialista de Educación José Luis Iglesias Riopedre, fue condenado a seis años de prisión y al pago de una multa de 400.000 euros. Su número dos en ese departamento del Gobierno autonómico, María Jesús Otero, salió peor parada ?nueve años y 2,5 millones de euros de multa? porque los jueces la consideran la máxima responsable de una trama de la que no están por completo seguros que Riopedre conociera en todos sus detalles. Los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Sánchez, representantes de Igrafo y Almacenes Pumarín, fueron condenados a seis años y medio por pagar sobornos para conseguir contratos públicos. La funcionaria Marta Renedo, el hilo por el que se desenredó toda la madeja, fue condenada a nueve años. El tribunal considera probado que robó las identidades de varios ciudadanos que habían facilitado sus datos al Principado al acudir a convocatorias de ayudas públicas y las uso para abrir cuentas bancarias que manejaba ella. Ahí ingresaba la cuantía los contratos menores que, por su condición de jefe de servicio, podía adjudicar a dedo y sin explicaciones.