Se busca a dos exconsejeras regionales: Esther Díaz y Noemí Martín

El diputado del PP Matías Rodríguez Feito ha denunciado hoy que la Junta General ha sido hasta ahora «incapaz» de localizar a dos ex consejeras de Bienestar Social, la socialista Esther Díaz y Noemí Martín, de IU, para citarlas a comparecer ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión del ERA, informa EFE.

Rodríguez Feito ha hecho estas afirmaciones tras la reunión que hoy ha celebrado la comisión para programar sus trabajos una vez finalizado el plazo para las solicitudes de información y para tramitar las 55 comparecencias requeridas por los grupos.

Según el parlamentario popular, seis meses después de que se pusiera en marcha la comisión, el Gobierno sólo ha respondido a 45 de las 88 solicitudes de información planteadas y la Junta General sólo ha localizado a 36 de los 55 comparecientes requeridos.

A su juicio, estas circunstancias constatan que PSOE e IU tienen el objetivo de obstaculizar el desarrollo de la comisión para impedir que pueda «desarrollarse con normalidad y destapar las miserias, las estafas y la mala gestión en el ERA».

Además, en la sesión de hoy, según ha informado Rodríguez Feito, la comisión ha acordado solicitar que se habilite la última semana de enero -un mes que no forma parte del periodo ordinario de sesiones- para sustanciar las comparecencias pedidas por los grupos.

El pleno de la Junta General del Principado acordó el pasado mes de febrero con los votos del PP, Podemos y Ciudadanos, la abstención de Foro y la oposición de PSOE e IU, crear esta nueva comisión para investigar la gestión social, económica y financiera de del ERA.

La propuesta fue lanzada por el PP después de que viese derrotada otra iniciativa parlamentaria en la que pedía que se hiciese una auditoría externa sobre la gestión del ERA durante los últimos 17 años.

Con esta comisión, el PP quiere conocer el estado económico de un organismo que maneja un presupuesto de 122 millones, de los que 75 son transferidos por el Principado, y que cuenta con 1.500 trabajadores y con más de 5.000 plazas residenciales.

Asimismo, quiere llevar a cabo una investigación social y conocer la opinión y comportamiento ético de sus máximos responsables, así como conseguir una radiografía completa del tratamiento que reciben los usuarios del ERA y de los pagos que realizan.

A pesar de que la comisión fue planteada por el PP, la diputada de Podemos Rosa Espiño se hizo con la presidencia de la misma después de que los populares renunciasen a presidir dicho órgano.