Abren expediente a la jueza que instruye el «caso Pokemon» por retrasos y aumento ficticio de la carga de trabajo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abre expediente a Pilar de Lara, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, responsable de una de  las macrocausas más conocidas en Asturias, la Pokémon. El CGPJ ha decidido incoar expediente disciplinario por dos motivos. Por un lado, por la supuesta comisión de una falta de desatención o retrasos «injustificados» en la instrucción de causas penales. Por otro lado, el expediente se basa en que presuntamente pudo haber adoptado decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen «aumentos ficticios del volumen de trabajo», en relación con las mediciones del propio Consejo.

La incoación del expediente es la consecuencia de la amplia inspección extraordinaria llevada a cabo por varios miembros del Consejo General del Poder Judicial entre los pasados días 21 y 31 de mayo. El servicio de inspección levantó actas del estado en que se encontraban los asuntos en el juzgado de Pilar de Lara y, a la vista de dicha documentación, el promotor de la acción disciplinaria decidió incoar expediente disciplinario.

Las faltas sobre los retrasos se recogen en tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según lleguen a considerarse muy graves, graves o leves: 417.9, 418.11 y 419.3.

En el 417.9 se establece como falta muy grave «la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales». En el 418.11 se indica que es falta grave «el retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy grave». En el 419.3, se califica como falta leve «el incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolución en cualquier clase de asunto que conozca el juez o magistrado».

En cuanto al otro perfil que se investigará en la instrucción de este expediente, está regulado en el artículo 418.16 de la misma ley: «Adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo en relación con los sistemas de medición fijados por el Consejo General del Poder Judicial».

Sanciones

El siguiente paso en la investigación sobre el trabajo de Pilar de Lara será la decisión de adoptar alguna medida cautelar o no. En todo caso, finalmente será la comisión disciplinaria la que decidirá. La LOPJ establece que «las faltas leves solo podrán sancionarse con advertencia o multa de hasta 500 euros o con ambas; las graves, con multa de 501 a 6.000 euros, y las muy graves con suspensión, traslado forzoso o separación».

El Poder Judicial llevó a cabo la inspección del juzgado de Pilar de Lara casi al mismo tiempo que instruía el expediente a la jueza responsable de vigilancia penitenciaria de Lugo, por su vinculación a una consulta de tarot; en este caso, el expediente fue archivado.

La larga inspección llevada a cabo en el juzgado de Pilar de Lara el pasado mes de mayo suscitó un vivo interés en distintos ámbitos sociales. No en vano por él han pasado en los últimos años algunos notables de la política y de la empresa gallega, pero también de firmas nacionales y de distintas comunidades.

Pilar de Lara Cifuentes fue considerada en el inicio de sus investigaciones -que después serían macrocausas- como una abanderada en la lucha contra la corrupción. Incluso llegó a haber una manifestación en la calle para apoyarla a ella y a otra magistrada que hace años que se trasladó. Sin embargo, el modo de instruir le valió después numerosos reproches de los abogados de los investigados, y algunos de la Audiencia Provincial y la Nacional, en relación con determinados aspectos de algunas investigaciones. Pilar de Lara estuvo en los últimos días de baja.