El Principado defiende que ejerció el «control» necesario sobre los gastos de formación de UGT

El Gobierno asturiano considera que «está claro» que la administración autonómica ejerció el «control» necesario sobre los fondos dedicados a la formación de parados que recibió el sindicato UGT, cuyo ex secretario general, Justo Rodríguez Braga, afronta una petición de condena de diez años de cárcel por el desvío de 1,4 millones en 2010 y 2014.

«El control administrativo del proceso ya ha sido objeto de debate y está claro que ese control se ha producido, pero no vamos a entrar a valorar otro tipo de cuestiones», ha señalado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno su portavoz y consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez.

Tras conocerse la petición de la Fiscalía para Rodríguez Braga y otros cinco exdirigentes y técnicos del sindicato, Álvarez ha señalado que el Gobierno es «escrupuloso» con los procedimientos judiciales y que, por lo tanto, prefiere «evitar comentarios» y reiterar su disposición a colaborar con la justicia.

Dado que el Principado está personado en la causa como demandante, la portavoz del Gobierno ha señalado que los servicios jurídicos de la administración autonómica están trabajando «en el ejercicio de su autonomía» para definir la estrategia que seguirán en la causa abierta contra la central ugetista.

Tras conocer el procesamiento de los seis acusados y de la propia organización sindical, su actual secretario general, Javier Fernández Lanero, negó cualquier desvío de fondos e insistió en que la investigación judicial se debe a un asunto administrativo relacionado con las dudas surgidas en torno a la justificación de algunos gastos.

Así, se mostró convencido de que el sindicato podría justificar ante la justicia lo que ya ha hecho con la administración e incidió en que las justificaciones de gastos están validadas por los técnicos del Principado, «que son los que saben y los que se encargan de las convocatorias y las bases».

Al margen de Rodríguez Braga, el resto de acusados afrontan penas de entre 4 años y dos meses y 10 años de cárcel, mientras que para UGTl el Ministerio Público solicita que se le imponga una multa de 244.028 euros, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años.

La Fiscalía también solicita multas de distintas cuantías que, en el caso de los tres principales acusados, superan el millón de euros y sostiene que el desvío sistemático de fondos públicos se llevaba a cabo mediante diversos subterfugios con los que UGT y su fundación IFES lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones.

Además, estima que los beneficios fueron destinados a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

Para ocultar a la administración el sobrecoste en que incurrían, según la Fiscalía, recurrían al aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con tres sociedades de las que se proveían de los bienes y servicios para las actividades formativas tanto a nivel nacional como regional.

La investigación se inició en Asturias en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una operación por hechos similares en Sevilla; según informó EFE.