El ingreso de Villa en prisión, en manos de un forense
Asturias
El perito valorará el verdadero estado de salud del exsindicalista
02 Oct 2020. Actualizado a las 17:09 h.
La Audiencia Provincial de Asturias ha solicitado que un forense valore el estado de salud del ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa, de 77 años, y determine si padece una enfermedad degenerativa como alega la defensa para eludir los tres años de cárcel que confirmó el Tribunal Supremo por un delito continuado de apropiación indebida.
El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que condenó a Villa en 2018 por la apropiación de 234.462 euros del sindicato en una sentencia ratificada el pasado mes de julio por el Supremo, ha pedido la valoración forense del exlíder minero para decidir sobre su situación.
La defensa de Villa había presentado unos informes médicos que sustentaban la imposibilidad de su ingreso en prisión por razones sanitarias, unas alegaciones que rechaza el sindicato, que ejerce la acusación particular y que ha solicitado esta prueba pericial.
La Sala de lo Penal del Supremo reconoció que Villa, aunque sufre diversas patologías, no padece un notable deterioro mental de sus funciones cognitivas, volitivas e intelectivas asimilable a la «demencia» que le impida conocer la trascendencia del juicio y el significado de la acusación.
El Supremo le impuso tres años de cárcel y el pago de sendas indemnizaciones de 234.462 euros a SOMA-FITAG-UGT y 190.696 euros a SOMA-UGT.
Fernández Villa, que dirigió el sindicato minero durante 35 años, también fue condenado al pago de 24.000 euros de multa y a inhabilitación durante el tiempo de la condena.
El Supremo también confirmó dos años de prisión y 2.400 euros de multa al exsecretario del Patronato de la Fundación INFIDE Pedro Castillejo por el mismo delito, además de una indemnización de 114.954 euros a dicha Fundación.
La sentencia declaró probado que Fernández Villa, entre 1989 y 2001, se quedó con 234.462 euros procedentes de las dietas que la empresa Hunosa pagaba mediante cheques a los miembros del sindicato por la asistencia al comité intercentros.
A partir de febrero de 2001, la empresa pasó a abonar estas cantidades mediante transferencia bancaria, de modo que Fernández Villa abrió una cuenta a nombre del SOMA, desde la que transfería el dinero recibido a otra, también del sindicato minero.
Hasta 2012 se le abonaron «diversos gastos, aparte del kilometraje y de las dietas que le correspondían» como secretario general del sindicato, como adquisición, mantenimiento y reparación de dos coches Mitsubishi a su nombre; consumo de su teléfono móvil, comidas, puros, sombreros, productos dietéticos y farmacéuticos, maletas, delicatessen, etcétera, «por un importe total de 173.932 euros», según consta en la sentencia.