Llaman a un tevergano de 91 años para que sea miembro de un jurado popular

Sorpresa e indignación. Esos son los dos calificativos con los que la familia de Braulio Álvarez recibió el 13 de octubre una carta de la Audiencia Provincial en la que se le comunicaba al hombre, tevergano de 91 años, que había sido seleccionado para participar como jurado popular. Su hija Rosaura Álvarez defiende que él no está en condiciones mentales ni físicas para desempeñar ese cargo y denuncia que ha sido ella la que ha tenido que aportar la documentación que le exigen para justificar su renuncia. «Todo esto me ha costado tiempo y dinero», lamenta.

La carta de la Audiencia Provincial señala que, tras el sorteo realizado el día 28 de octubre para «la designación de candidatos para el próximo bienio», se le asigna un número para formar parte de esa lista. Es decir, no ha sido llamado para un juicio concreto sino que forma parte de una bolsa de la que luego se seleccionan los miembros del jurado. Si se tiene eso en cuenta, cuando le llamen para un juicio podría tener 93 años. El mismo texto añade que «la función de jurado es un derecho ejercitable por aquellos ciudadanos en los que no concurra motivo que lo impida y su desempeño un deber para quienes no estén incursos en causa de incompatibilidad o prohibición ni puedan excusarse conforme a esta ley».

La carta también incluye las excepciones que pueden justificar la no presencia de cualquier persona en la lista. La primera, contenida en el artículo 12 de la misma ley, es «ser mayor de 65 años». Con eso ya sería suficiente, pero, además, su hija ha presentado un informe médico que refleja que su padre sufre «deterioro cognitivo moderado y problemas de movilidad». Por este motivo, el doctor concluye que «no podrá acudir a dicho requerimiento».

La hija del afectado, que todavía está pendiente de recibir la respuesta en la que espera que se excluya a su padre de formar parte de esa lista, critica que no haya un filtro para evitar que las personas de cierta edad se vean en esta situación. «Vivimos en Campiello, un pueblo de Teverga, y para conseguir el informe tuve que bajar en taxi dos veces a San Martín (localidad en la que se encuentra el centro de salud y la oficina de Correos del concejo) y enviar una carta certificada». «¿Quién me paga a mí esos gastos?» denuncia la afectada, que se muestra contrariada por la pérdida de tiempo que le ha supuesto una situación que, a su juicio, «no tiene ni pies ni cabeza».